TEGUCIGALPA, HONDURAS. Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declararon sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en contra de la fe de errata aprobada por el Congreso Nacional que modifica la Ley del Presupuesto General de la República.
La decisión adoptada por esa dependencia judicial se informó este miércoles a través de un medio radial del país.
Cabe indicar que anteriormente se registró un recurso de inconstitucionalidad bajo el 0095-2018 presentado por el abogado Odir Aaron Fernández Flores, en su condición de apoderado legal y jefe de La Unidad de Investigación del CNA.
Dicho recurso fue interpuesto contra el decreto 147-2017 emitido por el Congreso Nacional el 18 de enero de 2018. Asimismo, contra la fe de errata publicada en el diario oficial “La Gaceta”. Esa medida legislativa reforma la Ley del Presupuesto General de la República.
En el escrito presentado, el recurrente alegaba que la reforma creaba un sistema de inmunidades a favor de los diputados.
En ese sentido, la sala constitucional resolvió declarar sin lugar dicho recurso de reposición interpuesto por el togado. El órgano jurisdiccional determinó que no existían razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda.
Igualmente, manda a la secretaria del despacho a que notifique al recurrente para los procesos legales que en derecho corresponden.
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Al CNA no le queda más que el pataleo, según entendidos en el tema
En relación al tema, el abogado Mauricio Burdeth, aseguró que contra esa decisión no cabe absolutamente nada más. «Por lo tanto al CNA solo le queda el derecho al ‘pataleo’, según Burdeth.
Burdeth dijo que al CNA solo le queda acudir a las instancias internacionales si es que quiere seguir la causa.
Asimismo, el profesional del derecho afirmó que la Sala Constitucional actuó bajo derecho. Eso debido a que el CNA no fue claro en el planteamiento del recurso de reposición interpuesto contra dichas enmiendas.
Cabe indicar que en algunas instancias, los magistrados sí han otorgado dicho recurso de reposición pero nunca en un cien por ciento.
Pacto de Impunidad
Cabe recordar que la MACCIH denunció que desde el Congreso Nacional se buscaba proteger a funcionarios y exfuncionarios corruptos. Así como también a 60 diputados del Poder Legislativo, encabezados por Mauricio Oliva.
Según la MACCIH las reformas aprobadas a la Ley de Presupuesto General fueron aprobadas por los diputados nacionalistas el pasado 18 de enero.
A través de dicha reforma se establece un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos. Recurso que eran destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales.
Asimismo, se incluyen fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y ONG. Con esa enmienda se encarga la auditoría de dichos recursos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por un período de tres años.
El nuevo proceso de liquidación se extiende retroactivamente a los periodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018.
Además, agrega que mientras el TSC realice dicha auditoría no procederá ninguna acción judicial. Lo anterior, para reclamar algún tipo de responsabilidad sea esta administrativa, civil o penal en que pudieran incurrir los diputados.
