Tegucigalpa.- Tras la denuncia realizada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), luego de que el Congreso Nacional aprobara una reforma a la Ley del Presupuesto general, mismo que beneficiaría a los parlamentarios acusados en el caso denominado “Red de Diputados”, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salió a su defensa, y pidió que se respete su independencia como Poder del Estado.
Según dio a conocer la MACCIH, el cambio a esta ley frenaría los avances en la lucha ante los actos de corrupción en Honduras.
En ese sentido, el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, aseguró que la reforma a la ley aprobada el 18 enero, no solo frena las investigaciones contra altos personajes envueltos en estos delitos; sino que dejaría absueltos a muchos exfuncionarios que ya han sido condenados, como es el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Asimismo, la reforma a esta Ley beneficiaría a los diputados:
Augusto Cruz Asensio, Héctor Padilla y Audelia Rodríguez, del partido Vamos; Eleázar Juárez, de Libre; y Dennys Sánchez del Partido Liberal. Todos ellos, implicados en el caso conocido como “Subsidiazo” o “Red de Diputados”.
Asimismo, Jiménez Mayor, también dijo que la jueza que lleva este caso, Alma Guzmán, no actuaría conforme a las pruebas presentadas por la MACCIH. De tal forma, fallaría a favor de los parlamentarios antes mencionados.
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CSJ rechaza injerencias de externos
Ante tales señalamientos, el pleno de la CSJ, compareció ante los medios de comunicación este miércoles. Y pidió a los organismos internos y externos, que respeten la indecencia de este poder del Estado.
En ese sentido, el presidente de la CSJ, Rolando Argueta, junto a los demás magistrados, rechazó cualquier injerencia de personas, instituciones o grupos ante el Poder Judicial.
Asimismo, Argueta recordó que “la potestad de impartir justicia emana del pueblo; y se imparte gratuitamente en nombre del Estado. Por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes”, citó.
De tal forma, remarcó que “la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones es independiente de toda otra autoridad.”
De la misma manera, Argueta expresó que “este Poder del Estado condena y condenará cualquier acción o manifestación que implique algún tipo de presión e insinuación proveniente de personas, instituciones o grupos, nacionales o internacionales”.
También, rechazó todo señalamiento dirigido a los funcionarios judiciales; con la pretensión de influir en sus resoluciones.
Por último, reafirmó su compromiso con la Justicia; el accionar objetivo en base a la ley y el respeto al debido proceso en autonomía e independencia como corresponde a un Estado de Derecho.
A continuación el comunicado íntegro de la CSJ sobre este tema:
