TEGUCIGALPA, HONDURAS. La postura de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es inamovible: dicen sí al nuevo Código Penal. Mediante un comunicado provisto la noche del jueves, rechazaron la proposición de que esa legislación no entre en vigor.
La opinión disidente por parte del Poder Judicial procede a una petición del diputado Tomás Zambrano, quien buscó conocer las consideraciones del pleno de magistrados.
Al recibir la solicitud, la Corte convocó a una reunión que se produjo el 27 de abril, donde se trató el tema de la iniciativa ciudadana que pretende impedir la entrada en vigencia de la nueva normativa. Está previsto que el código en mención tenga validez jurídica a partir del 10 de mayo.
En el encuentro, desarrollado en modalidad virtual, los 15 magistrados llegaron al consenso y procedieron a argumentar su opinión en un documento, basándose en diversos aspectos.
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Como primer punto plasmado en el pronunciamiento, los magistrados se refirieron a la injerencia de la normativa en los aspectos socioeconómicos.
En primera instancia, ese fragmento del escrito hace una alusión histórica, afirmando que Honduras ha sufrido múltiples cambios en su orden social, económico y político. Sin embargo, aseguran que, a través de ese espacio de tiempo, las normativas en materia penal se han «estancado».
Asimismo plantea que la delincuencia y la violencia se han convertido en un problema «cotidiano»para Honduras, a manera de que nuestro modo de vivir ha cambiado plenamente. Por tanto, se describe que la situación delincuencial demanda una «reacción, misma que consideran desde un punto de vista legal.
Por el mismo lado, se apunta que ese ambiente de seguridad está propiciado por la carencia de un derecho penal efectivo. Sobre el Código Penal actual, manifiestan que dejó de cumplir con su papel disuasivo para prevenir delitos. Opinan que quedó «desfasado» ya que «no está de acuerdo con la nueva realidad».
Normativas disonantes
Otro aspecto tomado en cuenta en el documento es el de la armonía -o concordancia- entre el Código Procesal Penal y el Código Penal.
Según se recuerda en el escrito, en 2002 entró el Código Procesal Penal. No obstante, se lamenta que «quedó incompleto al no aprobarse al mismo tiempo un nuevo Código Penal, tal como se había proyectado».
Consiguiente, los magistrados consideran que el país cinco estrellas pasó a tener normas procesales modernas, pero con una aplicación correspondiente a tiempos previos. Y, agregaron, que el Código Penal vigente ha sido reformado «aproximadamente un 90 %».
Esa constante modificación, sumada a la «dispersión» de leyes penales, causa, en base con el criterio de la corte, desproporcionalidad de penas, delitos en desuso, y un sistema jurídico-penal «incoherente» y «colisionante en sí mismo».
Sin embargo, aclaran que la exigencia de un nuevo código no sólo busca armonización constitucional y legal dentro del sistema penal hondureño, sino que con las normas establecidas a nivel internacional.
Criminología
Un detalle más que consideró el pleno de la corte es el de la criminología. Es decir, aquella parte del derecho que analiza el delito, sus causas, las maneras de evitarlo y el modo de actuar de las personas que lo cometen.
Bajo este aspecto, se volvió a plasmar en el comunicado que el Código Penal actual ha sido rebasado por una realidad social diferente. En ese sentido, incluyeron una síntesis de una exposición hecha por el abogado Carlos Cálix Vallecillo en 2015.
En esa oportunidad, él explicó que la libertad de movimiento en bienes, servicios y personas en el mundo contemporáneo, además de las nuevas tecnologías y fluidez en el intercambio de información, han germinado nuevas formas de criminalidad individual y organizada.
Por tanto, la CSJ considera indispensable un cambio normativo que haga frente a las nuevas modalidades para la comisión de delitos.
Como conclusión de sus consideraciones, los representantes de la corte brindaron su punto de vista de que el cambio -hacia un nuevo Código Penal- representa una «oportunidad para que Honduras replantee la visión del ejercicio punitivo del Estado», y, así, «responder de manera más eficaz al fenómeno del delito».
Asimismo, denotan su agrado con que la ciudadanía se involucre en las determinaciones de los poderes estatales. No obstante, especifican y enfatizan que, por los aspectos previamente descritos, es aconsejable hacer enmiendas en las leyes.
Por otra parte, se dilucida que el tribunal no desconoce que es necesaria la revisión de algunos aspectos puntuales del nuevo Código. Entre ellos, especifican la figura del cómplice necesario y la inclusión de graduación de responsabilidad por delitos de muchedumbre. También, la inclusión de responsabilidad penal en ciertos delitos corporativos y penas adecuadas para delitos en perjuicio de la administración pública y el narcotráfico.
El nuevo Código Penal está amparado en el Decreto Legislativo 130-2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de mayo de 2019.
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