Redacción. Este próximo martes 8 de octubre el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) discutirán el tema de la amnistía política, una de las leyes que le ha hecho sombra al Gobierno de Xiomara Castro.
Con esto sería la segunda ocasión en que las autoridades del Poder Judicial buscarán poner sobre la mesa este tema.
Fue el pasado 20 de septiembre cuando los magistrados de la CSJ habían agendado discutir esta cuestionada ley junto al asunto de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES).
Sin embargo, al final no se concretó nada debido a que todo se enfocó en las ZEDES, mismas que fueron derogadas. Es por ello que se pospuso hablar de la amnistía política en otro día por «falta de tiempo».
Temas a discutir
A raíz de ello, ese mismo día se agendó convocar al pleno de magistrados para el martes 8 de octubre a las 8:30 de la mañana. Se tiene contemplado que ese día se pueda dar continuación al análisis y posterior discusión de esta ley.
El magistrado Mario Díaz aseveró que los magistrados de la Sala de lo Constitucional no estarán presentes, dado que no alcanzaron una decisión unánime para comparecer.
“Se va a resolver cuales son las consideraciones que hicieron la sala en cuanto a la aplicación del decreto”, especificó, es decir que no se tratará particularmente la aplicación de amnistía a los beneficiados.
¿En qué consiste amnistía política?
La Ley de Amnistía Política se aprobó el 3 de febrero de 2022 y desde entonces ha sido cuestionada por muchos sectores de Honduras.
En ese contexto esta ley otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes estuvieron en contra del régimen de facto que se apropió del poder durante golpe de Estado en el 2009.
Personajes que se desempeñaron como funcionarios y empleados durante la administración de Zelaya pueden optar por este beneficio.
La amnistía además incluye a personas que fueron «víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado. Asimismo, por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados», añade el decreto.
Para poder aspirar a este proceso los interesados que cumplan con los requisitos deben recibir una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh). Este último documento debe justificar por qué la persona debe recibir los beneficios de esta ley.
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Funcionarios beneficiados
Desde su creación son muchos los beneficiados de la amnistía política, en su mayoría pertenecientes al Partido Libertad y Refundación (Libre).
El primer beneficiado fue Enrique Flores Lanza, quien fungió como secretario de la presidencia. A este exfuncionario se le acusaba de delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Otro caso fue el del exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Antonio Chimirri Castro. Entre los delitos en contra de Chimirri estaba enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y fraude.
Por su parte, el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, procesado por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos también se benefició con la amnistía política.
César Arnulfo Salgado, es otro de los exfuncionarios en la administración de Manuel Zelaya Rosales que se ha beneficiado con esta ley.
Salgado fue director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Él enfrentaba los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
La lista sigue con Germán Enrique Ayala, acusado del delito de incendio agravado en perjuicio de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
Es un «indulto disfrazado»
Para el abogado Oliver Erazo, la amnistía política no es más que un «indulto disfrazado» ya que lo único que logra es darle la libertad a personas con cunetas pendientes con la justicia.
“El contenido de ese decreto parece más un indulto que una propia amnistía y en ese sentido se involucra el legislativo en prerrogativas del ejecutivo porque solo este último puede otorgar ese beneficio”, expresó a un medio local.
Por otra parte, manifestó que aunque las autoridades del Congreso Nacional llamen a este ley amnistía en el fondo es un indulto.
En términos legales el indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena.
Cabe destacar que la eliminación del decreto que da vida ala amnistía política fue una de las condiciones que puso la ONU para la instalación de la la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
