Tegucigalpa, Honduras. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró la inconstitucionalidad por razón de forma y contenido de cinco artículos del decreto 93-2021 que contiene reformas al Código Penal y a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos.
De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, el recurso de inconstitucional contra la normativa se interpuesto por el Ministerio Público (MP), por lo que este viernes se le dictó sentencia proclamando ilegítimos los artículos 1,2,3, 6 y 9 del decreto 93-2021.
El dictamen se decidió por mayoría de votos de las magistradas Sonia Marlina Dubón Villeda, Francisca Villeda Zavala y el magistrado Wagner Vallecillo Paredes. Por su parte, los magistrados Luis Fernando Padilla e Isabela Bustillo emitieron voto particular.
Tras la sentencia, las diligencias se remitirán Pleno de Magistrados de la CSJ para su conocimiento y resolución.
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CSJ declara sin lugar recursos de inconstitucionalidad contra amnistía política
Anteriormente, la Sala Constitucional declaró también sin lugar dos recursos de inconstitucionalidad presentados contra la «Amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia«, conocida también por algunos sectores como «Pacto de impunidad».
Según la Sala de lo Constitucional de la CSJ, esta resolución se da debido a que fueron presentados con error de procedimiento.
«Referente a los recursos de inconstitucionalidad, pues todos están en estudio, excepto dos que ya se resolvieron. Los mismos se resolvieron sin lugar porque fueron presentados con error de procedimiento«, explicaron.
Uno de los recursos que quedó sin lugar fue el presentado contra el Decreto Legislativo 4-2022, mejor conocido como amnistía política. Esa Ley ha permitido que más de 120 personas que estaban privadas de libertad quedaran libres.
La «Amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia» es una iniciativa impulsada por el diputado Rasel Tomé, a través de un decreto de amnistía por delitos políticos. Según opositores del Gobierno, beneficia a los acusados de corrupción y enriquecimiento ilícito del gobierno de José Manuel Zelaya Rosales.
