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martes, marzo 25, 2025

CSJ admite diligencias contra diputados acusados de corrupción

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Redacción. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió diligencias prejudiciales en contra de varios diputados y exdiputados, quienes enfrentan acusaciones graves de malversación de fondos públicos y lavado de activos.

Esta solicitud fue presentada por la abogada Kenya Patricia Reconco, agente de Tribunales de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco), el 13 de enero de este año.

La solicitud incluye la juramentación de peritos para realizar una auditoría forense sobre 104 discos compactos que contienen información clave para las investigaciones.

Varios diputados y exdiputados enfrentan casos por utilización indebida de fondos públicos y lavado de activos, tras el inicio de diligencias por la Corte Suprema de Justicia.

La Corte también ha decretado secretividad sobre las diligencias para proteger la confidencialidad del proceso y evitar que terceros interfieran. No obstante, este secreto no limita el derecho a la defensa de los imputados. En ese sentido, los implicados podrán acceder a las pruebas en su contra en el momento oportuno.

Involucrados

Entre los investigados se encuentran figuras prominentes, tanto exlegisladores como actuales diputados.

Los principales acusados son Milton de Jesús Puerto, Dennis Antonio Sánchez Fernández, Fabricio Puerto Oseguera, Hernán Enrique Vindel Mourra, José Rodney Bautista Posadas, Manuel Iván Fiallos, Juan Carlos Valenzuela, Román Villeda Aguilar, Víctor Rolando Sabillón Sabillón y Yaudet Burbara Canahuati.

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También figuran Welsy Milena Vásquez, Audelia Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Asencio, Antonio Rivera Callejas, Allan Arony San Martín Vallejo, Estela Lisseth Muñoz, Geovanny Castellanos Deras, Jeremías Castro Andrade, Kenia Xiomara Reyes Vargas, María José Panchame Osorio, Leana Lizeth Lagos, Jessy Carolina Lagos Núñez, Evelyn Johanna Ortiz Romero, y José Rodney Bautista Posadas. Estos están acusados de malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos.

El tribunal otorgó a los acusados un plazo de tres días hábiles para designar abogados. Si no lo hacen, se les nombrará un defensor público.

Asimismo, se designó al abogado José Ramón Cruz Ferrera como secretario de la investigación. Por otra parte, como receptora de las diligencias designaron a la abogada Kenia Mardeni Acosta Mendoza.

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