REDACCIÓN. Un grupo de pobladores provenientes de La Protección, Choloma, y al menos otras ocho comunidades aledañas, llegaron este martes a las instalaciones del Ministerio Público para denunciar presuntos abusos cometidos por agentes de la Policía Nacional durante recientes operativos de desalojo en la zona.
Según los testimonios presentados, al menos ocho campesinos habrían resultado heridos durante enfrentamientos con agentes policiales, quienes —según los denunciantes— han actuado con uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta.
“Nosotros exigimos nuestros derechos, no queremos una posta policial que dé seguridad a los ricos y se ensañe con los pobres”, expresó uno de los líderes comunitarios, quien además aseguró que muchos vecinos han sido víctimas de allanamientos ilegales y de constante vigilancia por parte de los cuerpos de seguridad.
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Los manifestantes exigen al Ministerio Público que inicie una investigación seria e imparcial sobre estos hechos. Además, que se determine la responsabilidad de los agentes involucrados en las supuestas agresiones físicas y en los procedimientos irregulares.
Por su parte, el comisionado de la Policía Nacional, Miguel Pérez, desestimó las denuncias. Aseguró que detrás de las protestas existe un interés manipulado por estructuras delictivas. Según sus declaraciones, una banda criminal conocida como “La Kleibona” estaría financiando las manifestaciones.
“El grupo criminal paga entre 1,500 y hasta 200,000 lempiras por persona para que protesten y se opongan a la presencia policial en esas zonas”, afirmó Pérez. Señaló que el objetivo es impedir que las fuerzas del orden ejerzan control sobre áreas estratégicas dominadas por el crimen organizado.
Además, el comisionado agregó que esta banda genera hasta 30 millones de lempiras mensuales mediante actividades ilícitas. Esto les permite mantener influencia en varias comunidades.
Mientras tanto, las autoridades sostienen que buscan garantizar el orden y combatir estructuras criminales.
