Redacción. “¡Justicia! ¡Que lo maten ¡Cárcel perpetua!”, gritaban los enardecidos pobladores del municipio de Yuscarán, El Paraíso, al ver al supuesto asesino del niño Antoni Jair Figueroa, de apenas 10 años de edad. El crimen ha causado indignación a nivel nacional y desnuda la inseguridad que vive la población infantil del país.
El niño, reportado como desaparecido desde el 5 de noviembre, fue encontrado sin vida en un solar baldío en el sector de Guinope. La mañana de ayer jueves autoridades lograron la captura de Walter Edilberto Núñez Baquedano, primo del menor y principal sospechoso del atroz crimen.
El menor, quien había perdido a su madre, estaba bajo el cuidado de su tía. Ella lo envió a comprar tortillas el pasado martes y, en el trayecto, el niño se encontró a su primo, quien le prometió que le regalaría un celular si lo acompañaba.
Antoni tardó más de lo esperado, pero una lluvia repentina hizo suponer a su tutora que el niño se había refugiado para protegerse.
Finalmente, el cuerpo de Antoni fue localizado con signos de presunto abuso y estrangulamiento. Las autoridades han señalado que la autopsia confirmará la causa exacta de su muerte. El menor aún conservaba dinero y unos snacks en el bolsillo, un triste recordatorio de la inocencia con la que fue sorprendido.
Violencia infantil
Honduras continúa siendo un territorio hostil y poco prometedor para la población menor de 18 años, que aparte de la pobreza, falta de oportunidades y migración, se enfrenta cada día a la violencia que impera en el país.
De acuerdo con cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), el 5 % de las muertes violentas que se reportan en el territorio tienen como víctimas a menores de 18 años.
Hasta septiembre del presente 2024, las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez registraban la muerte de forma violenta de 78 niños, niñas y adolescentes (NNA).
Entre los varios casos de violencia contra menores mencionados en los últimos días destaca el del adolescente Cristofer Martínez, de 15 años. El pasado lunes 4 de noviembre, Cristofer salió de su casa para supuestamente ir a encontrarse con una joven que conoció por redes sociales.
Pese a la negativa de sus familiares, el joven entró a la peligrosa colonia Mirador de Oriente, en las afueras de la capital, lugar de donde desapareció. Hasta el momento las investigaciones señalan que Martínez habría sido asesinado y su cuerpo podría estar en una zona montañosa cerca del municipio de Tatumbla, Francisco Morazán.
“Me dijo que iba a ver a la novia y no volvimos a saber de él”, dijo la preocupada madre del menor en un medio de comunicación local.
Leve reducción
Mientras que el boletín de monitoreo de la Red Coiproden señala que hasta la fecha, la violencia ha dejado 534 muertes de menores de 30 años, un 12 % menos (75 víctimas) en comparación al 2023.
Esto equivale a un promedio de 11 menores de 18 años que pierden la vida mensualmente en Honduras. El pasado octubre, el ente contabilizó 43 muertes violentas, de las cuales un 79 % (34) fueron de jóvenes entre los 18 a 30 años y el 21 % (9) de niños y niñas entre los 0 a 18 años, según el boletín.
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Wilmer Vásquez, director de Coiproden, señaló que a pesar de la leve reducción de incidencias en comparación al 2023, las cifras generan gran preocupación. A su vez, enfatizó en la necesidad de promover políticas públicas en pro de la niñez y también arreciar las medidas contra los que cometen crímenes atroces contra la niñez.
Inaceptable
“El promedio de muertes de menores de los 30 años anda entre 40 y 60, es inaceptable. Reconocemos los esfuerzos que se hacen. Sin embargo, debemos de entender que Honduras es un país joven, con la mayor parte de la población menor de los 30 años de edad”, explicó.
A criterio del especialista, el actual escenario es propicio para declarar una emergencia nacional por muertes de menores.
Entre los departamentos con más incidencia en menores de 30 años figuran: Francisco Morazán con 111 hechos violentos, le sigue Cortés que contabiliza con 89 y en tercer lugar está Olancho con 76 crímenes.
Otros de los sectores que presentan un importante número de muertes de menores son Comayagua con 36, Colón registra 34; le siguen Atlántida y Copán con 31 decesos cada uno y finalmente Yoro con 32 decesos.
No hay iniciativa
Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de Niñez y Familia del Conadeh, explicó que la violencia contra la población infantil es un problema estructural. No obstante, señala que no hay iniciativas contundentes por parte del Estado que ofrezcan soluciones inmediatas a la situación.
“Estamos perdiendo jóvenes menores de 30 años. Eso es preocupante para un país, se está perdiendo lo más valioso que es el capital humano del futuro», lamentó.
Agregó que desde 2013 existe una “Política Pública de Prevención de la Violencia contra Niñez y Juventud», pero al igual que la recién creada Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), no cuentan con el presupuesto suficiente para hacer frente al problema.
“Una política sin presupuesto es una política muerta y no va a resolver ningún problema”, explicó.
Poco presupuesto para el problema
Ambos especialistas consultados por este medio de comunicación coinciden en que las autoridades deben tener un interés real en el flagelo, ya que una sola institución con bajo presupuesto no podrá solucionar la violencia generalizada que aqueja a la niñez hondureña.
Anudado a los altos índices de violencia, está el 95 % de impunidad que impera en las muertes violentas de los menores, reflejando un débil sistema de investigación y judicialización.
Factores como la violencia, impunidad, pobreza, migración y sobre todo el desinterés de las autoridades, mantiene acorralada a la juventud del país. Pese a que las dependencias de Seguridad afirman que se han logrado reducciones de violencia históricas, lo concreto es que las cifras no mienten y reflejan que el fenómeno se mantiene parejo con el pasar de los años.
