Covid-19: Familiares de reos denuncian «poco interés» por descongestionar cárceles

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Familiares de los presos en Honduras están inconformes, pues, aseguran, las autoridades no han otorgado las medidas de preliberación por el peligro de COVID-19 a la cantidad de personas correspondiente.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los familiares de los presidiarios en Honduras, aglomerados en la Asociación Civil de Personas Privadas de Libertad (ASOCIDEPPL) emitieron un comunicado donde evidencian su preocupación por una posible propagación masiva de COVID-19 en las cárceles.

Es importante conocer de primera mano que, debido a la crisis sanitaria actual, 280 reos recibieron el beneficio de pre-liberación o una resolución de libertad condicional. El total de reclusos en el sistema carcelario nacional es, por ahora, de 21,729.

No obstante, la cifra de beneficiados, a criterio de la asociación, es insuficiente; consiguiente, aseguran que no se le ha dado la importancia debida al descongestionamiento que buscaría garantizar la salud de los encarcelados.

«Hasta ahora no hay resultados positivos, ni los que esperábamos. Ni las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) ni la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuentan con un dato estadístico de cuántos son los privados de libertad a nivel nacional que gozarían de este privilegio», indican los parientes en el documento provisto.

Y añaden, afirmando que se sienten con bastante preocupación «por la poca importancia que se le ha dado al tema del descongestionamiento en los centros penitenciarios, a raíz de la llegada a Honduras de la pandemia por COVID-19«.

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Liberación en base con habeas corpus

En su escrito, la asociación recuerda que la resolución por parte de la CSJ determinó que la excarcelación iniciaría de manera «inmediata». En primera línea, para la oportunidad se colocaría a aquellos que adolecen otras condiciones o patologías (enfermedades) de base.

Entre esos padecimientos, se listan la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares y otro tipo de dolencias crónicas. Igualmente, se estableció que se daría preferencia a las personas de la tercera edad.

Amparados en esa decisión jurídica, los parientes de los reclusos exigen a la Comisión Interventora del INP, que brinde una explicación de por qué no se ha actuado con base a lo previsto.

«Exigimos una explicación coherente de por qué no se ha avanzado con este mecanismo de liberación así como se ha realizado en otro países como Nicaragua, Estados Unidos, Panamá, Ecuador, China, entre otros», describe el documento.

Y prosigue, planteando qué podrían hacer al respecto: «De no tener respuesta en los próximos días, tomaremos las medidas de presión necesarias; eso, para salvaguardar del contagio de coronavirus a la población penitenciaria a nivel nacional».

El 13 de marzo del año en curso, el INP informó que suspendería las visitas en todas los centros penales del país. Además, desvelaron que han impartido charlas a los reos, elementos de seguridad y personal administrativo sobre prevención, manejo, y seguimiento de COVID-19.

Según se dio a conocer, también se equipó a cada una de las cárceles de mascarillas.