REDACCIÓN. Leonela Zelaya fue una mujer trans hondureña cuya vida estuvo marcada por la intersección de múltiples formas de vulnerabilidad.
Como trabajadora sexual, portadora de VIH y viviendo en situación de pobreza, enfrentó desde su infancia hasta su trágico final una constante exposición a la violencia y la discriminación.
Su existencia transcurrió en un contexto de exclusión sistémica, donde la discriminación estructural, alimentada por la presión de grupos fundamentalistas religiosos, creaba un ambiente hostil para las personas LGBTTI.
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Esta discriminación, tolerada por las autoridades estatales en Honduras, se manifestaba en la aprobación de normas que restringían sus derechos y perpetuaban la violencia en su contra.
Detención arbitraria
Meses antes de su asesinato en 2004, Leonela fue víctima de detención arbitraria y tortura por parte de agentes estatales, evidenciando el abuso de poder y la impunidad que prevalecía.
Tras su muerte, la investigación oficial estuvo plagada de negligencia y omisiones: la escena del crimen no fue debidamente examinada, no se realizó autopsia, no se entrevistaron testigos y su expediente se extravió durante casi 14 años.
El transfemicidio de Leonela se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y la igualdad en Honduras. Su caso expuso la necesidad urgente de combatir la discriminación estructural, garantizar la protección de los derechos de las personas LGBTQ+.
CorteIDH
En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) anunció la celebración de su periodo ordinario de sesiones de forma híbrida. Este empezará el 17 al 28 de marzo, durante el cual se abordarán casos contra Brasil, Honduras, México y Argentina.
Entre los casos a tratar, destaca la audiencia del 25 de marzo, donde se examinará la presunta responsabilidad internacional del Estado de Honduras por el transfemicidio de Leonela Zelaya.
La investigación del transfemicidio de Leonela Zelaya estuvo marcada por graves irregularidades. Es por ello que CorteIDH examinará las alegaciones de las representantes de la hondureña. Ellos buscan demostrar cómo la discriminación estructural y la impunidad contribuyeron a su muerte.
La audiencia del 25 de marzo representa una oportunidad crucial para visibilizar la violencia contra las personas trans en Honduras y exigir justicia para Leonela.
