Omar E. Rivera
La corrupción política y el crimen organizado han tenido una relación directa, se han beneficiado de entornos similares y han provocado daños significativos a la sociedad hondureña.
Los partidos políticos y sus dirigentes, en los distintos ámbitos territoriales del país, han recibido recursos de las bandas del crimen organizado para financiar sus campañas políticas, lo que les ha permitido a los primeros obtener poder público, y a los segundos lograr privilegios y canonjías. El financiamiento ilícito del proselitismo electoral permite a los políticos garantizar el éxito electoral y a los criminales gozar de la protección oficial para cometer sus fechorías.
La influencia del crimen organizado, que va desde las redes de corrupción gubernamental, la explotación ilegal de los recursos naturales, hasta el narcotráfico y trata de personas, actúa con libertad debido a que tiene –a través de sus aliados políticos- cooptadas las instituciones llamadas a combatir los actos ilícitos. Por órdenes de los políticos, entidades policiales, unidades de investigación criminal, dependencias del Ministerio Público y diversos organismos del Poder Judicial, así como órganos reguladores y fiscalizadores del Estado, actúan de acuerdo a los designios de organizaciones delictivas o –simple y sencillamente- no ejecutando acciones ante hechos transgresores de la Ley.
Los políticos que les hacen el juego a los criminales debilitan a las instituciones contraloras del Estado y operadoras de justicia, para que no cumplan su mandato; disminuyen su capacidad logística, asfixiándolas financieramente y restringiendo sus recursos técnicos y humanos; esa es una forma de darle ventaja al crimen organizado, que fácilmente vence a la autoridad estatal.
Por otro lado, también existe otra forma en que los políticos pueden –desde el poder- ayudar a los criminales, y esta tiene que ver con ausentar la institucionalidad pública de vastos territorios, en donde la “ley del más fuerte” es la que impera, y siempre el más fuerte son los integrantes de las bandas del crimen organizado; en Honduras, existen zonas alejadas de los centros urbanos, en el rural agreste y selvático, o en las costas y fronteras, en las cuales la inexistencia de presencia de policías, fiscales, jueces y otras autoridades, facilita la configuración de una autoridad fáctica tutelada por los criminales.
Todo lo anterior provoca impunidad. Todo lo anterior genera impunidad; es decir, la ausencia de castigo a quien intimida, amenaza, agrede, golpea, ataca, roba o asesina, genera un estado de impunidad para los que no cumplen a cabalidad con el régimen legal vigente y –consecuentemente- crea condiciones ideales para que multipliquen las manifestaciones de corrupción, delincuencia y crimen.
Si en condiciones normales, en Honduras, solamente el 4 % de los delitos llegan a ser sometidos a juicio y reciben sentencia condenatoria, bajo un régimen de irresponsabilidad y colusión por parte de las instituciones del Estado con el crimen organizado, estos niveles de impunidad se elevan a la máxima expresión; en un contexto como este, las bandas del crimen organizado tienen un éxito rotundo, extraordinario y cuantioso, lo que les permite obtener inconmensurables ganancias que activan, mediante la transferencia de parte de las mismas a los políticos, un círculo vicioso que hace preservar este reprochable status quo, en el cual, solamente los más malos progresan, sumiendo a la ciudadanía en el pobreza y miseria.
Ante esta situación, urge ejecutar acciones inmediatas que reviertan la impunidad que campea en el país. En primer lugar, es fundamental depurar y despolitizar las distintas instituciones del Estado, para que las mismas cumplan a cabalidad con sus mandatos y no estén al servicio de grupos políticos o criminales; asimismo, deben impulsarse procesos de reingeniería y reforma que garanticen una revitalización de las entidades contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia, fortaleciendo sus capacidades técnicas y logísticas para que efectúen las investigaciones pertinentes que garanticen que los que infringen la Ley puedan ser sometidos a juicios y reciban ejemplar castigo.
Finalmente, es fundamental ir a un proceso de reforma legal e institucional del sistema político del país, para garantizar que en los procesos electorales no exista financiamiento ilegal en las campañas de los partidos y sus dirigentes; es esencial que la reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, incluya un apartado especial concerniente a las regulaciones en el financiamiento del proselitismo electoral y al funcionamiento de los partidos políticos.
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