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martes, abril 16, 2024

Prisión preventiva contra implicada por millonario fraude en Salud

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. Prisión preventiva dictó un juez contra Doris Obdulia Grádiz Sevilla, acusada de 144 delitos de fraude y 144 de falsificación de documentos público, implicada en el millonario fraude en la Secretaría de Salud mediante el otorgamiento irregular de becas a supuestos estudiantes del área sanitaria.

Por consiguiente, la imputada deberá de permanecer en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en el Valle de Támara.

Por este caso hubo señalamiento contra ocho personas más acusadas de conformar una red dedicada al otorgamiento de becas de manera fraudulenta.

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Medidas cautelares

Las personas antes mencionadas tienen medidas cautelas distinta a la prisión,dictadas por un juez en materia de corrupción. Entre los señalados con medidas están: Ricardo Enrique Lanza. También a Karla Regina Alfaro Vallejo, excandidata a diputada por el Partido Nacional y a Garys Corina Zelaya. De igual manera a las sobrinas de Doris, Uris Vanessa y Claudia Fabiola Nieto Grádiz. Por ultimo a Noel Efraín Nieto Aguilar por el delito de cómplice del delito de fraude. Por su parte, el hijo de Doris, Nelson Antonio Rivas Grádiz obtuvo sobreseimiento  provisional. Gradiz, laboró como educador en la Región Metropolitana y está acusado por el delito de cooperante necesario de fraude.

Investigación

La investigación realizada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se constató que de 2009 a 2016 se pagaron de forma ilícita becas. Se remuneró por servicio social a 144 personas sin ningún tipo de relación con la entidad sanitaria del país.

La acción administrativa anterior se realizó mediante pagos a través de acuerdos ministeriales que no tenían soporte. Ninguna de las personas que recibió este beneficio eran estudiantes de las carreras de medicina, odontología, entre otras áreas de Salud.

La carrera antes mencionadas están establecidas en el Decreto Ley de otorgamiento de estas becas. Estos actos irregulares le costó al Estado de Honduras bastante caro, de acuerdo con lo que se plasmó en el expediente del caso, debido a que causó un perjuicio económico de al menos diez millones cuatrocientos cuarenta mil cien lempiras (L10,440,100.17). (XM)

 

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