TEGUCIGALPA. En las últimas horas trascendió que se remitieron unos 18 expedientes de funcionarios del Poder Judicial para el Ministerio Público.
En este sentido, la inspectora general de Tribunales de la CSJ, Any Belinda Ochoa, confirmó que los expedientes se levantaron por denuncias interpuestas por ciudadanos.
Expresó que “en lo que va de 2017 a nivel nacional se han recibido 425 denuncias de las cuales 236 corresponden a Tegucigalpa».
Detalló que las denuncias son contra los jueces y otro personal del Poder Judicial. «151 de ellas han sido remitidas a la dirección de personal para que se efectúen las audiencias de descargo”.
Agregó que el Ministerio Público ha recibido en abril nueve expedientes que han sido remitidos de esa inspectoría. Lo anterior, por considerar que se han encontrado algunos hallazgos significativos.
“Todas las estadísticas que nosotros manejamos son de empleados, jueces y magistrados, pero no podría desglosar a quienes pertenecen», dijo.
Pero si son por abuso de autoridad, daños en perjuicio del Poder Judicial, indicó la inspectora.
Antecedentes
En otra nota, la directora Ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, informó que esa institución abrió nuevas líneas de investigación por casos de corrupción en el sistema sanitario del país, específicamente en los hospitales públicos.
En ese sentido, Castellanos explicó que “hasta el momento el CNA ha presentado diferentes denuncias en temas de salud pública. Seguimos investigando no solo donde anteriormente encontramos redes de corrupción y continuamos hallando redes de corrupción en los Hospitales públicos”.
La titular del ente investigador anunció a Diario Tiempo Digital que presentarán los expedientes a las autoridades para que posteriormente se deduzcan las responsabilidades del caso.
“CNA presentó denuncia del sector salud desde el año 2014 y años hacia atrás. Por eso, la nueva línea de investigación que estamos abordando va encaminada al año pasado y al presente año”, agregó Castellanos.
La funcionaria denunció la lentitud con la que trabaja el Ministerio Público (MP) en algunos casos relacionados con corrupción.
