COPÁN.-Fiscalía de Occidente logró Formal Procesamiento contra dos policías, por el supuesta Violación de los Deberes de los Funcionarios.
En este sentido, las procesadas son Bricelda Yanira Gallardo y Kedin Azael Laínez Ordóñez.
De acuerdo a las investigaciones, el 21 de octubre pasado, las agentes incumplieron sus deberes al permitir la fuga de un imputado.
Policías dejan escapar a un detenido
El imputado recién había sido capturado. Además, quien fue acusado por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas.
El hecho ocurrió en las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Santa Rosa de Copán. De cuyas celdas escapó el señor Ángel Antonio López López.
Según los libros de novedades y el manual de funciones policiales, las imputadas eran los encargados de la custodia, vigilancia y cuidado del detenido.
Te puede interesar: Capturan a dos Cobras y un ex subcomisionado en Honduras
Antecedente
Ayer, en una nota similar, seis personas fueron declaradas culpables por el delito de usurpación en perjuicio de la UNAH.
La Sala IV del Tribunal de Sentencia por mayoría de votos declaró culpables a Denis Armando Obando Torres, Ángel Felipe Ávila Ramos.
Tambien a Cristian David Durón, Marco Antonio Moreno Fuentes, Osman Rufino Ávila y Francisco Antonio Obando Torres.
Por el delito de usurpación el Código Penal en su artículo 231 establece una pena concreta de 3 a 5 años de reclusión.
Con excepción de Francisco Antonio Obando Torres, quien se encuentra recluido en la Penitenciaría de Támara por otro delito.
A los demás se les mantienen las medidas de presentarse una vez al mes al Tribunal de Sentencia a firmar el libro de control.
De 20 acusados, seis resultaron responsables
El Ministerio Público (MP) había acusado a 20 personas, pero con la prueba ofertada en juicio solo seis resultaron responsables.
Del mismo modo había acusado por el delito de sedición y daños, sin embargo al valorar la prueba evacuada no se logró acreditar estos ilícitos.
Los hechos refieren que durante el mes de julio y agosto de 2010. Los seis encausados junto a otras personas no identificadas decidieron paralizar las actividades administrativas.
