TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) hizo una conferencia de prensa en la que expuso un informe que señala casos de corrupción entre políticos y el cártel de «Los Cachiros».
El vocero de la Misión, Luiz Guimaraes Marrey, dio a conocer lo que corresponde con el duodécimo caso de gestación penal auto integrada denominado «Narcopolítica».
Los nombres que mencionó Guimaraes son: Fabio Porfirio Lobo Lobo, Devís Leonel Rivera Maradiaga, Miguel Rodrigo Pastor Mejía, Walter Noé Maldonado Maldonado y Daysi Marina Zuñiga Méndez.
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El caso
Según el informe presentado por la MACCIH, el caso »Narcopolítica» se despliega desde el año 2009. Cuando Devís Leonel Maradiaga Rivera le confesó a las autoridades estadounidenses que en ese año se contactó con el candidato presidencial, Porfirio Lobo Sosa.
Por tanto, Maradiaga Rivera reveló que le dio dinero a Sosa para su campaña presidencial. Éste último, sugirió que, al ganar las elecciones, crearan empresas para así darles contratos por parte del Estado.
Lograron el objetivo
Una vez que Porfirio Lobo logró ganar las elecciones y convertirse en el Presidente de Honduras, procedieron con lo anteriormente planificado.
»Porfirio Lobo Sosa nombra en SOPTRAVI como secretario al señor Miguel Rodrigo Pastor Mejía; y como Director de Carreteras al señor Walter Noé Maldonado, quienes le otorgaron a la empresa INRIMAR, creada por el señor Devís Leonel Rivera Maradiaga, 21 contratos por un monto total de 68 millones, trescientos veintiséis mil, seiscientos noventa Lempiras (L. 68,326,690.55), que aparentemente tenían como objetivo realizar obras en los departamentos de Olancho y Tocoa».
Es preciso mencionar que los 16 contratos se otorgaron a INRIMAR sin que ésta cumpliera con los requisitos que exige la ley para las organizaciones que buscan trabajar con el Estado.
No obstante, el vocero de la MACCIH mencionó que otros contratos fueron otorgados por medio de unos Decretos de Emergencia firmados por »Pepe» Lobo utilizando como excusa a la tormenta AGATHA que suscito por esos días.
»En estos decretos de emergencia en principio no se incluyó al departamento de Olancho (Que era el lugar en donde supuestamente se iban a desarrollar los contratos por parte de INRIMAR, básicamente porque Olancho no había sufrido mayores daños provocados por dicha tormenta); habiéndose incluido posteriormente el departamento de Olancho en una ampliación que se hizo a los Decretos de Emergencia», leyó Guimaraes.
No se realizaron los proyectos
»Las obras asignadas por estos contratos en su mayoría no se realizaron; e incluso parte del dinero asignado por estos contratos no se cobró sino años después, porque el propósito de la asignación de estos contratos, era básicamente prestigiar y legitimar a la empresa INRIMAR, para poder lavar dinero proveniente del tráfico de drogas internacional a través de dicha empresa».
Además, el vocero de la MACCIH agregó que: »incluso los contratos sirvieron para ponerlos en garantía ante los bancos en donde se tramitaron préstamos a favor de INRIMAR».
Y añade, »a pesar de que las obras en su mayoría no se realizaron, falsamente se acreditó que se habían hecho y entregado, para poder realizar parcialmente los pagos que se efectuaron por el otorgamiento de dichos contratos».
Es oportuno mencionar que esta investigación fue realizada por la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP).
