Redacción. La Corte de Apelación revocó los sobreseimientos provisionales dictados a varios implicados en un caso de presunta defraudación fiscal que habría causado un millonario perjuicio económico al Estado de Honduras, informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
De acuerdo con la resolución judicial, el tribunal ordenó dictar auto de formal procesamiento contra Pamela María Canales por el delito de defraudación fiscal, y contra Rommel Paz Ríos y Marco Tulio Guevara por dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios, en el marco de una operación que involucró declaraciones aduaneras manipuladas en la oficina de Aduanas La Mesa.
«El Tribunal Colegiado declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, revocando entonces los sobreseimientos provisionales. En consecuencia, emiten el auto de formal procesamiento», explicó Silva.
Un fraude aduanero millonario
El caso tiene como epicentro la gestión aduanera realizada en nombre de la empresa Emerson Barrow Chinchilla, en la que el funcionario Joel Abraham Castillo Amado habría registrado dos declaraciones aduaneras con valores de compra artificialmente reducidos.
Estas maniobras tendrían como fin la evasión del pago de impuestos, al declarar montos mucho menores a los valores reales de importación de vehículos.
Según la investigación fiscal, esta acción provocó un daño económico al Estado por 2,215,356.17 lempiras, desglosado en dos casos:
- En el primer caso, se evitó el pago de 794,953.37 lempiras, monto al que se le suma una multa del 25% y los intereses moratorios.
- En el segundo expediente, el perjuicio ascendió a 1,420,402.80 lempiras, también sujeto a sanciones tributarias.
Acción deliberada
La resolución emitida por la Corte de Apelación destaca que la diferencia de hasta un 84% entre el valor declarado y el valor real de los vehículos «descarta un simple error de apreciación», lo que a juicio del tribunal apunta a una acción deliberada para evadir las obligaciones fiscales.
Este argumento fue determinante para revertir la decisión inicial del Juzgado de Letras, que había dictado el sobreseimiento provisional de los acusados. Con este nuevo fallo, el caso se reabre y avanza a una etapa procesal más firme.
