Lo que inicialmente describieron como un proyecto de «interés público» para San Pedro Sula se convirtió en un negocio que benefició a una constructora y violentó las leyes establecidas para los concursos públicos en Honduras.
24 obras fueron adjudicadas al Consorcio Siglo 21 en el 2013 pero, ¿quiénes aprobaron el proyecto?, ¿en cuánto están valoradas las obras?, ¿quiénes salen ganando en esta misteriosa alianza?, ¿cómo y por qué se aprobó la creación de una tasa vial? y ¿bajo qué condiciones ocurrió la aprobación?
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El caso de Siglo 21 se «destapó» a raíz de las múltiples denuncias contra la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (COALIANZA) que aseguran promueve prácticas monopólicas desde sus inicios.
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Los hechos se remontan al 9 de febrero de 2012, cuando el Dr. Juan Carlos Zúniga dirigía la Alcaldía de SPS. Ese día, el jefe de Obras Públicas y Organismo, habló sobre el serio problema vial que vivía la ciudad industrial.
Asimismo hizo mención de diversas construcciones que se necesitaba desarrollar para el crecimiento de la ciudad y para solucionar el problema. Mientras que un regidor presentó la moción para declarar de interés público más de 20 obras viales en SPS.
Ese mismo día, un grupo de empresarios que conformaban Promotora de Inversiones se presentó en la sesión de la corporación para dejar claro su interés en el proyecto; el cual era ambicioso y su precio, muy elevado.
Promotora de Inversiones estaba formada por:
Martín Chicas, liderando el grupo.
Sonia Gámez, representante de PRODECON (con experiencia en diseño y construcción de carreteras).
José Francisco Saybe de Saybe y Asociados (con experiencia en diseño, consultoría y supervisión de obras).
Regioplan (empresa con experiencia en redes viales y planteamientos de modelos de negocio).
Marco Tulio Ruíz, vicepresidente de Banco Atlántida región norte ( encargado de la financiación del proyecto).
Ellos, como Promotora de Inversiones, expresaron que aplicarían en el concurso para la adjudicación de estas obras. Según un acta, con fecha del 28 de febrero de 2012, encontrada en los archivos de la COALIANZA, durante la sesión del 9 de febrero, la moción se aprobó por unanimidad.
La Unidad de Investigación de Diario TIEMPO Digital contactó a Danulfo Wilfredo Flores, quien en ese momento fungía como regidor en la alcaldía.
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Flores recordó que los regidores no aceptaron la moción porque el proyecto tenía un precio excesivo y no estaban de acuerdo con la forma de pago; este se costearía cediendo los peajes: el dinero recolectado en las casetas durante 30 años pagaría los más de 1,845 millones por la construcción de las obras.
En este punto se encuentra la primera irregularidad. El acta de COALIANZA asegura que la moción se aprobó por unanimidad, pero el regidor Flores lo desmintió. ¿Acaso se alteraron los documentos y cuál es la razón?
A criterio del ex regidor sampedrano, el acta debe ser falsa. También supone que como este grupo de empresarios no consiguió la aprobación que buscaba empezó a presionar.
En una ocasión, según Wilfredo Flores, citaron a los regidores a las oficinas de Saybe y Asociados. Al parecer pretendían convencerlos de la necesidad de implementar el proyecto, pero él se negó a asistir y algunos de sus compañeros lo siguieron.
Para Flores, el jefe de Obras Públicas de la Alcaldía de SPS era el más interesado por la aprobación de la moción.
Proyecto llega al Congreso Nacional
En 2014, a tan solo unos días de cambiar la directiva, el proyecto llega y se aprueba en el Congreso Nacional. «Le quitaron la potestad a la municipalidad y ellos (jefe de Obras Públicas y la Promotora de Inversiones) se fueron al congreso», aseguró el exregidor.
Desde los primeros días de enero hasta el 19 de febrero, de ese año, se aprobaron varios proyectos; entre los que iba el de Siglo 21. Al proceso le llamaron, según Flores, «Diarrea Legislativa», pues las jornadas de revisión se extendían hasta la 1:00 a.m. y muchas propuestas que permanecían engavetadas aparecieron aprobadas de la noche a la mañana.
El día en que aprobaron el proyecto (19/01/14) se irrespetó la Ley de Contratación del Estado, y justamente, quien lideraba el Congreso Nacional era Juan Orlando Hernández. En ese entonces era presidente del hemiciclo y ahora es presidente de la nación.
Al Consorcio Siglo 21 le adjudicaron el proyecto que contenía 24 obras para SPS, después de que COALIANZA, el 18 de noviembre de 2013, mediante medios de comunicación, invitó a los interesados a participar en el concurso público.
Sobre esto, Flores aseguró que las publicaciones en diarios impresos eran una trampa. Pues trataron de hacerlas lo más pequeñas posibles para evitar que otras empresas participaran.
Supuestamente, 4 empresas más compraron los derechos de participación pero ninguna presentó propuesta. El 20 de diciembre de 2013, le otorgaron «el negocio» a Siglo 21 ante «la falta de competidores», violentando así, las leyes de contratación.
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado
Artículo 154. Obras Públicas
Las licitaciones privadas para la contratación de obras públicas requerirán invitación a por lo menos tres oferentes potenciales que reúnan los requisitos de capacidad e idoneidad requeridos y que estuvieren inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas, a menos que el número de inscritos con dichas calificaciones fuere menor.
Artículo 159. Invitación
Si el concurso fuere público se publicará un aviso sujetándose a lo previsto en los artículos 106 y 107 de este reglamento. Si el concurso fuere privado, la invitación se dirigirá directamente por lo menos a tres interesados. En el primer caso, el aviso tendrá por objeto invitar a potenciales interesados para que presenten sus propuestas o, de requerirse precalificación, para que presenten sus antecedentes a fin de preparar la lista breve o corta a que hace referencia el artículo siguiente; definida esta lista, se invitará directamente a presentar ofertas a quienes estuvieren incluidos en la misma.
De esta manera, sin respetar las leyes y pasando sobre la autoridad de la corporación de turno, inicia el polémico negocio. En la actualidad, las obras construidas por el Consorcio Siglo 21 han sido duramente criticadas por los sampedranos.
No solo se trata del alto costo de las obras, sino la poca utilidad. Aunque el objetivo era solucionar el caos vial de la ciudad, hay dudas que se cumpla esa meta. El caso más conocido es el del puente en el sector Lomas del Carmen, que trajo consigo más accidentes al olvidar la seguridad de los vecinos del sector.
¿Quiénes son los responsables de este consorcio? ¿Sobrevaloraron las obras? ¿Quiénes son los beneficiados directos con la adjudicación del proyecto? ¿Quiénes son los más afectados?
