Redacción. La ausencia reiterada del consejero propietario Marlon Ochoa y de dos suplentes a las sesiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dejado al órgano en un estado de parálisis, situación que podría acarrear serias consecuencias legales para los implicados, incluyendo responsabilidad penal, según la abogada constitucionalista Ana Pineda.
De acuerdo con la experta, los consejeros tienen el deber ineludible de asistir a las sesiones legalmente convocadas, y ausentarse sin causa justificada constituye una violación grave tanto a la Ley Electoral como a la Constitución de la República.
La jurista considera que la conducta actual de los consejeros afecta directamente el funcionamiento del CNE y podría comprometer la legalidad del proceso electoral de 2025.
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Inasistencias sin justificación válida
Desde principios de julio, el consejero propietario Marlon Ochoa, afín al partido de gobierno, no ha comparecido a las sesiones del pleno, situación a la que se sumaron dos suplentes. Esta ausencia ha impedido al CNE tomar decisiones clave, como la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), esencial para garantizar la transparencia y agilidad en los comicios.
“Decir que no hubo consenso en un punto no puede considerarse una justificación válida. Esa obligación existe para evitar la infuncionalidad del órgano electoral”, enfatizó Pineda.
Riesgos para el proceso electoral
La especialista en derecho constitucional advirtió que esta conducta no solo vulnera normas administrativas, sino que también podría tipificarse como una forma de obstaculización al derecho ciudadano a elegir y ser electo.
“El artículo 45 de la Constitución establece que es punible todo acto que limite el ejercicio de la participación pública en materia electoral”, recordó.
Consecuencias legales
Pineda señaló que, de mantenerse esta situación, los consejeros ausentes podrían enfrentar consecuencias civiles, administrativas e incluso penales. “Se trata de una responsabilidad institucional. El CNE tiene el mandato constitucional de garantizar el proceso electoral y no puede estar sujeto a intereses particulares”, recalcó.
La experta también hizo hincapié en que cualquier intento de bloquear o entorpecer el proceso electoral atentaría contra los principios democráticos del país. “Estaríamos frente a una situación extremadamente grave. Se esperaría que ningún partido con aspiraciones legítimas esté dispuesto a llegar a ese extremo”, añadió.
Ante este panorama, hizo un llamado urgente a los funcionarios involucrados para que cumplan con su rol institucional. “Su deber es con la ciudadanía y con el Estado de derecho, no con intereses políticos ni cálculos personales”, concluyó.
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