Redacción. El abogado constitucionalista Oliver Erazo advirtió sobre las graves implicaciones legales y sociales que podría generar la reciente publicación de un PCM (decreto ejecutivo) que amplía nuevamente el estado de excepción en 226 municipios de Honduras por 45 días, sin haber pasado por el proceso de ratificación en el Congreso Nacional.
La Constitución de la República establece que cualquier suspensión de garantías debe ser deliberada y ratificada por el Poder Legislativo para adquirir validez, según explicó Erazo. La omisión de ese requisito genera un vacío legal que deja sin sustento jurídico las acciones realizadas bajo el decreto.
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Consecuencias legales
- Ilegalidad de las detenciones: las detenciones realizadas por la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas -bajo esta normativa- carecerían de respaldo legal. «No puede ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas, bajo el manto de esa publicación, hacer una suspensión de garantías porque eso no tiene validez legal y no ha seguido el procedimiento constitucional», explicó Erazo.
- Violación de derechos fundamentales: las acciones como allanamientos de viviendas o restricciones de movilidad sin el debido sustento legal podrían ser calificadas como violaciones de derechos humanos. Para Erazo, las víctimas de esas medidas recurrirían a recursos legales como el habeas corpus o el amparo para exigir la protección de sus derechos, obligando al sistema judicial a respaldarlas.
- Deslegitimación del decreto: publicar un decreto en el Diario Oficial La Gaceta sin cumplir los procedimientos constitucionales no otorga validez legal. «Se puede publicar cualquier cosa en La Gaceta y no por eso tiene legalidad», enfatizó el abogado.
Estado de excepción
Además del marco legal, Erazo cuestionó la efectividad del estado de excepción en mejorar la seguridad ciudadana. Señaló que la estrategia intentó imitar el modelo implementado en El Salvador. Pero, afirmó, Honduras carece de las capacidades operativas, los recursos humanos y el liderazgo que han permitido al país vecino obtener resultados positivos.
«Todos los hondureños estamos cada vez más inseguros. No está funcionando el estado de excepción (…). Es un modelo que aquí simple y sencillamente no está funcionando», aseguró.
El abogado concluyó que la falta de ratificación legislativa no sólo deja al decreto en un estado de ilegalidad, también pone en riesgo el respeto a las garantías constitucionales de la población. «No estamos bajo un estado de excepción y si lo quieren aplicar como tal están violentándole derechos fundamentales. Además, de garantías constitucionales a todo el elemento población del Estado de Honduras», puntualizó.
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