Redacción. La violencia política sacudió el estado de Oaxaca, México, con el asesinato de Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, ocurrido la mañana de este domingo dentro del edificio de la alcaldía.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha iniciado una investigación para esclarecer el crimen, que ha generado consternación en la región y encendido las alertas en materia de seguridad pública.
De acuerdo con los primeros reportes, el ataque fue perpetrado por al menos cuatro hombres armados que arribaron al lugar en motocicletas, portando uniformes falsos de policía.
Tras ingresar al inmueble ubicado en la Sierra Sur del estado, abrieron fuego contra las autoridades locales. En el atentado también perdió la vida Eli Gregorio García Ruiz, agente municipal de Agua Caliente, quien se encontraba en el sitio al momento del tiroteo.
Además, dos elementos de la policía local resultaron víctimas en el mismo incidente. Los hechos ocurrieron en horas tempranas, cuando los agresores irrumpieron violentamente en las oficinas del gobierno municipal, ejecutando a la alcaldesa.
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Investigación
Según la Fiscalía, el crimen está siendo investigado como homicidio doloso y se han desplegado operativos de seguridad en la zona para localizar a los responsables. En estos esfuerzos participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El asesinato ha generado una fuerte reacción entre los pobladores, quienes han expresado su indignación y exigido mayor seguridad para el sector. Organizaciones civiles también se han pronunciado, condenando el acto violento y manifestando su solidaridad con los familiares de las víctimas.
Lilia Gema García Soto hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia municipal de San Mateo Piñas. Asumió el cargo en noviembre de 2022 y se encontraba en la recta final de su administración.
Su periodo al frente del gobierno estuvo marcado por denuncias sobre irregularidades de gestiones anteriores, así como por controversias recientes, ya que algunos sectores de la población la acusaban de presuntas malas prácticas durante su mandato.
Las autoridades estatales reiteraron su compromiso de actuar con rapidez y firmeza para esclarecer los hechos. También, para garantizar que los autores materiales e intelectuales enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
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