Tegucigalpa, Honduras. Las autoridades del Congreso Nacional solicitaron al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizar una auditoría de los proyectos gestionados por los diputados con fondos públicos y presentar un informe en un plazo de 60 días.
En una comparecencia de prensa, convocada para las 5:30 de la tarde de este martes 1 de julio y que comenzó pasadas las 9:00 de la noche, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, inició desmarcándose, asegurando que el Poder Legislativo no gestiona fondos públicos.
El pronunciamiento se dio en el marco del escándalo por supuesta corrupción en la gestión de ayudas sociales por parte de diputados, entre ellos Isis Cuellar, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
«Los fondos establecidos en la asignación presupuestaria del artículo 349 no forman parte del presupuesto del Congreso Nacional, ni son administrados ni ejecutados por este poder del Estado», dijo.
Expuso un listado de al menos 220 congresistas de todos los partidos políticos que han realizado ayudas sociales a través de subvenciones desde 2022. Además, mencionó gestiones de ayudas sociales en beneficio de sus comunidades, amparadas en el artículo 349 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos.
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Permiso y auditoría
Redondo, por otra parte, informó que le concedió un permiso a la diputada Isis Cuellar para que se presente ante las autoridades investigadoras y aclare las irregularidades que se le señalan.
Asimismo, solicitó al TSC, como ente fiscalizador, que inicie de inmediato una auditoría de todos los proyectos de ayuda social ejecutados. Todos los que estén a través del artículo 349 del Presupuesto.
«En un período de 60 días deberán entregarnos un informe detallado de las ejecuciones presupuestarias. Cualquier irregularidad deben investigarla y judicializarla por las autoridades competentes. Quien resulte señalado deberá retirarse de inmediato, y de nuestra parte, sin ninguna consideración», concluyó.
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