TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tras dar inicio ayer, martes, a las sesiones legislativas en el Congreso Nacional, en el primer debate se discutió sobre las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La iniciativa estuvo a cargo del titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, quien asegura que es necesaria la aprobación de esa ley.
El proyecto tiene como finalidad fortalecer la capacidad para prevenir y evitar que se cometan actos irregulares que afecten el patrimonio público.
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El proyecto de ley
En ella se establece que el TSC debe recibir ayuda con la finalidad de mejorar su capacidad y eficiencia en la toma de decisiones; tomando en cuenta que este es un organismo superior del Estado.
Además, como parte de las reformas propuestas a esta ley, se contemplan aquellas relacionadas con la naturaleza jurídica del ente. Eso significa establecer la independencia administrativa, financiera y técnica del mismo.
Superación institucional
El presidente del CN indicó que el “TSC debe entrar en un proceso de superación institucional, fortaleciendo su capacidad para prevenir y evitar que se cometan actos irregulares que perjudiquen el patrimonio público”.
Asimismo, se refirió a la asignación de nuevas atribuciones, nombrando, cancelando y supervisando el auditorio interno y personal.
En ese sentido, recordó que “es atribución del Congreso Nacional, crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes”. Tal y como lo establece la Constitución de la República de Honduras.
Auditorías deben ser eficaces
Para el magistrado presidente del TSC, José Juan Pineda, las auditorías deben ser eficaces y eficientes. Además, para lograrlo hay que reformar los procesos de selección de los auditores para prevenir los actos de corrupción, dijo.
Por otro lado, el magistrado apuntó que “históricamente se ha atacado estos actos (de corrupción) con la sanción, después de cometido el hecho, pero no se previene”.
Refiriéndose con ello a las propuestas de reformas dirigidas al ente que preside.
Es oportuno indicar que el TSC es el ente rector del sistema de control de los recursos públicos. El cual está sometido al cumplimiento de la Constitución y las Leyes. Es responsable ante el CN de los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones.
