Congreso Nacional aprueba reformas a la Ley sobre Privación de Dominio

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Congreso Nacional
El vicepresidente del Congreso, Denis Castro Bobadilla, fue el diputado proyectista.

Tegucigalpa, Honduras. En un solo debate el Congreso Nacional aprobó ayer las reformas a disposiciones de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

Con la oposición de la bancada de Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Innovación y Unidad (Pinu), de forma sorpresiva fue presentado el dictamen de estas enmiendas. Las cuales se elaboraron por parte de la Comisión Legislativa de Seguridad; donde emitió un voto particular el diputado del partido de izquierda, Edgardo Casaña.

Las enmiendas a 17 disposiciones contenidas en el artículo uno de este dictamen fueron admitidas con más de 70 votos a favor. En los que se incluyeron los sufragios de los diputados de la bancada del Partido Nacional, organizaciones minoritarias y algunos legisladores del Partido Liberal afines a Elvin Santos.

Además, las dos restantes artículos se admitieron a “matacaballo”. Eso, con la misma cantidad de votos a pesar del rechazo de la oposición política.

No respaldo

Tanto la jefa de bancada del Pinu, Doris Gutiérrez, como el vocero de la bancada de Libre, Jorge Cálix, anunciaron que los parlamentarios de estas dos fuerzas políticas no respaldarían estas reformas que beneficiarán a los corruptos y que implican un golpe a la lucha contra la corrupción.

El vicepresidente del Congreso, Denis Castro Bobadilla, fue el diputado proyectista. En ese sentido, decidió retirar la iniciativa que presentó. Asimismo, adherirse al dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad presidida por Mario Pérez, legislador del Partido Nacional.

Un nuevo artículo presentó el diputado de la Alianza Patriótica Hondureña; el cual estipula que “todo perjuicio generado al Estado de acciones derivadas a esta ley, la Procuraduría General de la República perseguirá los bienes y los activos de los funcionarios que hayan incurrido en la misma”.

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Indemnización

Lo anterior implica que el Estado se verá obligado a indemnizar a los afectados por el perjuicio ocasionado. Esto, luego de la determinación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Esta disposición también se aprobó y se añadirá al dictamen por la comisión de estilo que se nombró.