Redacción. El abogado y analista Juan Carlos Barrientos emitió una fuerte advertencia sobre las posibles consecuencias legales para los diputados del Congreso Nacional que aprueben un decreto para que el Estado pague a los afectados por la situación de Koriun, una empresa señalada por captación ilegal de dinero.
Barrientos enfatizó que la responsabilidad de quienes acaten esa disposición será «imprescriptible», es decir, que «nunca cesará». Señaló que en 15 o 20 años les pueden promover un requerimiento fiscal por esa responsabilidad.
Recordó que el artículo 333 de la Constitución permite la intervención del Estado en la economía, pero no en la de los particulares. «No dice en las economías privadas porque la constitución es un tema de derecho público no de norma de derecho privado como el código civil o de comercio», explicó.
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Ilegalidad de Koriun
El analista citó un comunicado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitido en febrero, que apunta que Koriun estaba captando dinero de manera ilegal. Indicó que «esa captación no puede estar asegurada por el Fondo de Depósitos y que el Estado no está obligado a salvaguardar ningún depósito porque no es una empresa regulada».
«¿Cómo puede ser posible que el estado se va a comprometer a pagarle a la gente si ellos han reconocido que eso no esta asegurado por el fondo de depósito y no puede ser reconocido y pagado?», cuestionó.
Cómplices del delito
Por otra parte, Barrientos hizo referencia a lo expresado por el Ministerio Público, que «dice que es una red criminal y que han capturado a Iván Velásquez y a su esposa porque forman parte de una estructura criminal».
«Si el Estado se mete a eso o los funcionarios, van a ser cómplices o encubridores del delito, así como lo establece el Código Procesal Penal… incurrirían en el delito de malversación de fondos públicos al estar disponiendo del dinero del estado en cuestiones de tipo particular», advirtió.
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En otro punto, opinó que la actuación del gobierno es «demagógica» porque es año electoral. Además, «populista», buscando «crear la impresión en el pueblo hondureño de que ellos se preocupan» por sus problemas económicos y financieros. Según él, «Libre no tiene mayoría, tienen entre 40 y 42, de tal suerte que ese proyecto no va a pasar».
En caso de no aprobarse, dijo, el gobierno argumentará que «la narcodictadura, el bipartidismo se opusieron para que nosotros le ayudáramos a la gente».
Ingenuos
Barrientos expresó su escepticismo sobre la aprobación del decreto al decir: «No creo que los diputados sean tontos e ingenuos de ponerse en precariedad y disposición para que les metan un requerimiento fiscal y los manden al mamo».
Detalló cuatro tipos de responsabilidades legales que podrían enfrentar los diputados:
- Serían «cómplices de la estafa y fraude que cometió Koriun porque estarían avalando el pago de un delito».
- Tendrían responsabilidad civil; por ello, los pueden obligar a pagar el daño y el perjuicio, y los pueden demandar para que devuelvan el dinero que el Estado pagó.
- Incurrirían en «responsabilidad administrativa», pudiendo enfrentar un pliego de responsabilidades y el cobro de daños y perjuicios.
- Tendrían «responsabilidad penal», al cometer delitos de «abuso de poder y falta de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos».
