Redacción. La congresista estadounidense María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, lanzó una advertencia sobre el riesgo de suspensión de visas para los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Honduras, en medio de una polémica convocatoria del pleno.
A través de su cuenta en X, Salazar expresó su preocupación por las acciones del partido Libertad y Refundación (Libre), al que acusó de querer dominar el «Tribunal Supremo» (Consejo Nacional Electoral) en ausencia de magistrados propietarios.
“La presidenta socialista Xiomara Castro y los dirigentes de LIBRE están fuera de control. Quieren dominar el Tribunal Supremo, ahora que algunos jueces opositores no están en el país. ¡Lo que aprueben suplentes de LIBRE será ilegítimo y sus visas americanas estarían en riesgo!”, advirtió la congresista.
Contexto
La polémica se da tras una sesión convocada por la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, para este viernes 20 de septiembre. En esta reunión, se prevé la participación de magistrados suplentes, debido a que varios magistrados propietarios se encuentran en el extranjero o incapacitados. De los 15 magistrados, solo seis propietarios estarían presentes, lo que ha generado críticas por la supuesta predominancia de magistrados afines al oficialismo.
Entre los temas a tratar en la sesión destacan dos temas altamente controversiales:
- Los recursos de inconstitucionalidad sobre las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE)
- La amnistía política, específicamente el decreto 04-2022, que beneficia al exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri.
La advertencia de la congresista Salazar se suma a la inquietud por la legitimidad de las decisiones que puedan tomarse en la sesión convocada sin la totalidad de magistrados propietarios presentes. La oposición política ha señalado que la sesión podría estar dominada por magistrados suplentes cercanos al partido Libre. Por lo tanto, según ellos, pondría en duda la imparcialidad de las resoluciones.
Las autoridades judiciales aún no han emitido una respuesta oficial ante las declaraciones de la congresista estadounidense.