Redacción. El coronel Santos Roberto Nájera, director del Centro Penitenciario de El Porvenir, Francisco Morazán, explicó que, el día en que 50 privados de libertad se amotinaron en el módulo de segregación, ellos, los militares, iban a desinstalar unos teléfonos para reubicarlos.
Tras estos incidentes violentos en los centros penales, algunos sectores comienzan a cuestionar el papel de los militares al frente de las cárceles, a pesar de que no se han reportado reyertas desde que los militares asumieron el control.
Ante tal trámite administrativo -según Santos- los internos se molestaron y buscaron la manera de salirse de sus celdas hasta lograrlo.
«La Policía Militar del Orden Público (PMOP) activó su protocolo de seguridad, se reaccionó, se llamó al orden», relató Nájera indicando que todo volvió a la normalidad. Luego, dijo que unos reos terminaron levemente heridos por el enfrentamiento.
Aclaró que cuando hay un amotinamiento usan gas lacrimógeno y las personas se desesperan. «En ese forcejeo hasta los mismo militares reciben golpes», agregó.
En vista de lo relatado por el coronel Santos, el gas -parte del protocolo- se tira hasta cuando los presidiarios intentan acciones no permitidas. Ese día (11 de noviembre), lo esparcieron hasta cuando rompieron los candados de sus aposentos.
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No están heridos
Santos Nájera habló sobre el caso de los reclusos Óscar «Pescado» Bonilla, Rafael Méndez «Chafalo» y Gilbert Reyes, quienes denunciaron haber sido agredidos por militares en el centro penal de Támara.
De acuerdo al relato de los reos, de tanto maltrato que sufrieron, uno de ellos terminó orinando sangre, otro habría perdido una pieza dental y el último con diversos hematomas.
El coronel Nájera manifestó que, por ordenes del Ministerio Público y los Derechos Humanos, tuvieron inspecciones en Medicina Forense. No obstante, los especialistas revelaron que todos están bien de salud, sin ningún rasguño.
¿Qué es un módulo de segregación?
Nájera explicó que algunos presidiarios están en esa área porque los acusaron de tráfico de drogas agravado. Adicionó que no pueden estar en una celda común, para que no tengan «intimidad con el teléfono».
Sin embargo, hizo hincapié en que todavía salen de los centros penales llamadas para extorsionar y dar órdenes de asesinato.
«Tratamos de evitar eso, a modo de que el privado esté en un lugar más amplio y no esté el teléfono ahí, metido», relató.
«Inhumano»
Entre tanto, el representante legal de José Rafael Sosa Méndez arremetió con el sistema penitenciario y mantiene que lo acontecido el mes pasado es por mala gestión.
«Nosotros tenemos en Honduras una persona que fue nombrada presidente de la junta interventora. Lamentablemente ha sido la peor administración de los centros penitenciarios en el país», criticó el togado.
Para sustentar su argumento, Sosa recordó el trágico incendio y masacre ocurridos en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) el 20 de junio de 2023, que dejó un saldo de más de 46 reclusas fallecidas.
«Ha sucedido una serie de hechos que siempre se está tratando de ocultar: fugas, muertes en los centros y lo último que sucedió, esto fue el 11 de noviembre, pero recientemente está saliendo a la luz pública», especificó.
Un poco hostil
El analista y estudioso de las ciencias jurídicas, German Licona Moya, puntualizó en exclusiva para Diario Tiempo que ni las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), ni la Policía Nacional han sido los mejores intendentes de las cárceles.
Enumeró que durante el control de las instituciones policiales control ha reinado la impunidad, corrupción y violación a los derechos de los privados de libertad.
«Esta administración confió en la PMOP bajo la tutela de una junta interventora, dirigida por el comandante (Muñoz). Si bien es cierto, se observa una cierta calma en la gobernanza que han recuperado y aún en el mando y control», valorizó Licona.
Sin embargo, manifestó que en los últimos tiempos, acontecimientos que atropellan los derechos y garantías de los cautivos están saliendo a flote.
El abogado Licona reflexionó que el problema de las cárceles es estructural, empezando desde el hacinamiento de reos, aspecto que generó la necesidad de construir otra «mega cárcel», como la llama el gobierno.
El analista evoca que no es a la fuerza que el manejo de centros penales tendrá resultados positivos. «Lo único que no tienen derecho ellos (los reclusos) es a la libertad», complementó.
¿Cómo lo logran?
Por su parte, el coronel Ramiro Muñoz, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), secundó a Nájera, justificando que la tarea del control de las llamadas en centro de detención le corresponde al ente rector de cárceles.
«El centro penal no tiene ningún control, pero el INP sí tiene el control de esas llamadas. Son controladas, por ese tipo de movimientos (de reclusos) obligatoriamente tenemos que controlar la comunicación que hace peor un módulo como éste», dijo Muñoz.
El coronel resaltó además que los privados de libertad que están por tráfico de estupefacientes, estaban dispersos en toda Honduras. Debido a eso decidieron juntarlos en un sólo alojamiento para controlarlos con más facilidad.
«Pareciera que aquí, meterse con el narcotráfico es el susto de todo mundo. ¡No puede ser, hombre! Eso es algo que debe de borrarse de la mente de alguien. ¿Por qué no podemos controlarlos?, ¿sólo porque son narcotraficantes?», exclamó fervientemente.
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No deben estar
El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) se pronunció sobre el polémico caso e invitó a la mandataria Xiomara Castro a quitar a la PMOP el timón de los centros de detención.
Hugo Maldonado, presidente del CODEH, admitió que la gobernabilidad de los reclusorios es un tema sumamente difícil.
La continuidad de la PMOP al mando de las cárceles genera opiniones encontradas. Mientras algunos sectores denuncian actos de hostilidad y abuso de poder por parte de la institución, otros consideran su intervención como un paso necesario.
