TEGUCIGALPA, HONDURAS. La muerte de los dos jóvenes aspirantes a subinspectores auxiliares durante las prácticas en la Academia Nacional de Policía (ANAPO), podría tratarse de un caso de trato inhumano, cruel y degradante en el cual el Estado y sus funcionarios tienen toda la responsabilidad para responder ante la justicia.
Así lo explicaron varios expertos en derechos humanos, quienes aseguran que se debe cambiar en la formación de agentes de seguridad en el país.
Este lunes se informó que dos jóvenes fallecieron tras participar en un entrenamiento de «bienvenida» de la ANAPO, en el departamento de La Paz.
Los fallecidos respondían a los nombres de Jairo Josué Martínez Cruz (el primero en perder la vida) y Osman Noé Sosa López, que murió en un centro hospitalario, ambos eran aspirantes a policías.
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Primeras hipótesis
Inicialmente, se manejó que la muerte de los jóvenes se debía a una intoxicación por el uso de gas lacrimógeno durante una de las pruebas de admisión.
Sin embargo, en las últimas horas las autoridades descartaron esa versión e indicaron que los muchachos habrían perdido la vida por la supuesta ingesta de bebidas energizantes.
No obstante, aún no existe un informe oficial de las verdaderas causas que apagaron la vida de los dos aspirantes a policías. Aunque, la hipótesis del uso de gas lacrimógeno durante esas pruebas tomó fuerza, por lo que varios sectores de la sociedad hondureña exigen una investigación para esclarecer los hechos.
Para ahondar en el tema y buscar una explicación sobre si las pruebas a que someten a los aspirantes a policías violan los derechos humanos, Diario Tiempo buscó a varios expertos, quienes dieron su punto de vista sobre el tema.
No deben ya realizar pruebas de ese tipo
De acuerdo con Hedme Castro, una defensora que promueve los derechos humanos, civiles y políticos en Honduras, esa situación se debe detener y no realizar más pruebas de ese tipo, tanto para la admisión como para la formación y capacitación de aspirantes a formar parte de las entidades de seguridad del Estado. Esto debido a que, según Castro, las mismas violentan los derechos elementales de cada persona aspirante.
En ese sentido, señaló que las muertes de los dos jóvenes deben investigarse con personas ajenas a la institución policial.
«Una investigación exhaustiva, objetiva y que se aplique todo el peso de la ley a las personas que provocaron esas muertes», agregó.
Pruebas inhumanas
Según la defensora, las pruebas que les realizan a los aspirantes son inhumanas, porque incentivan el odio a la población civil y el ataque a las personas que reclaman sus derechos.
Mientras que, por otro lado, fortalecen la capacidad de resistencia de los agentes de seguridad a ese tipo de acciones inhumanas.
«Debería haber una reforma completamente diferente para las personas que aplican a esas dependencias de Seguridad. Se necesita analizar, hacer un estudio y eliminar todas esas formas que atentan contra la vida y la dignidad de esas personas», aseveró.
Castro indicó que a partir de los resultados de la investigación, las autoridades deben proceder a despedir o suspender a todas aquellas personas que estén involucradas o hayan dado la orden de realizar ese tipo de acciones.
«El mensaje es desafortunado y el que no esperaba la población del actual gobierno. Se debe dar una eliminación de todas esas formas grotescas de preparar a la defensa y seguridad del Estado y procurar que se relacionen con el respeto de los derechos humanos y con la sensibilidad que se debe tener por las personas», concluyó la experta.
Preocupación y condena
Por su parte, el también defensor de derechos humanos, Jorge Jiménez, expresó que históricamente han manifestado que toda práctica que sea de castigo o entrenamiento contra los cuerpos del orden, ya sea policía o militares, deben estar de acorde a los derechos de los mismos.
Asimismo, dijo que han mostrado su preocupación porque existen cursos, pruebas físicas y entrenamientos que ponen en peligro la dignidad humana y la vida de las personas.
«Ahora condenamos y mostramos nuestro repudio que dentro de una academia del Estado hondureño hayan habido dos muertos de manera indeterminada y que las autoridades en vez de abrir espacios para una investigación, se centre más bien en imponer una línea de investigación, que a todas luces es incorrecta», cuestionó el defensor.
Ante eso, señaló que si hubiese sido un tema del energizante, como lo manifestó la viceministra Julissa Villanueva, se estaría también frente a una responsabilidad estatal, porque ¿cómo es posible que dentro de un centro académico policial existan ventas de bebidas energizantes?
«Todo esto conlleva a que el Estado revise su curricula en formación a cuerpos del orden. Se debe reconocer que las muertes de los jóvenes fue en manos del Estado y debe responder frente a eso. Ellos estaban bajo la tutela y el cuidado del Estado, el cual fue incapaz de asumir su protección», lamentó.
Separación del director de ANAPO
Respecto a la separación del director de la ANAPO, Jiménez dijo que esa decisión no está de acorde a lo que ha manifestó la viceministra.
«Si fuera un tema meramente físico de que los muchachos murieron por un paro cardíaco, por un tema de bebidas energizantes, no tuvo que costar el cargo de un director de la academia. Entonces, se habla que la autopsia podría generar una línea de investigación y podrían haber responsables», exteriorizó.
De igual forma, recordó que existen testimonios de víctimas a lo interno de la academia, que dicen que la situación fue distinta a la que sostienen las autoridades policiales.
También un padre de los jóvenes muertos aseguró que su hijo presentaba golpes en la cabeza.
«Eso debe llamar a la preocupación y sobre todo a que haya una investigación imparcial, por lo que deberá ser la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y no la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) la que deba realizarla», sugirió el experto.
Absurdo
Para el defensor resulta absurdo que a los nuevos subinspectores, que iban a realizar funciones meramente administrativas, se les haya aplicado pruebas de entrenamiento rigurosas.
«Si hablamos de un tema meramente administrativo, porque aplicaron pruebas y entrenamientos que no van a necesitar estas personas. Aquí lo que pasa es que hay una práctica incorrecta, entrenamientos incorrectos y no hay proporcionalidad», explicó.
En virtud de lo anterior, sostuvo que se debe tener cuidado, porque se puede estar frente a un trato cruel, inhumano y degradante del Estado contra estos aspirantes.
De acuerdo con Jiménez, la formación de los aspirantes a entidades de seguridad del Estado se debe apegar a la normativa de derechos humanos.
«Aspiramos a que con estos hechos se revise la curricula y también los funcionarios que entrenan a estos muchachos. El mensaje que deja esta situación es que no hay un ambiente de protección a los derechos humanos. Sobre todo, más que eso, es el silencio administrativo. Esa situación nos está llevando a creer que quieren ocultar alguna información. Ojalá que estas muertes no queden impunes y se llegue hasta el final de todo lo que sucedió», finalizó el entendido en el tema.
No es la primera vez
De su lado, la defensora de derechos humanos, Itsmania Platero, recordó que no es la primera vez que se registran ese tipo de situaciones al interior de la ANAPO.
Por lo tanto, explicó que el problema en la ANAPO es que tienen un reglamento de procedimiento interno que es impenetrable. «Nunca organizaciones de derechos humanos han podido meterse en ese tema», aseveró.
«Los aspirantes cuando ingresan a la institución, ellos aceptan y se someten a pruebas que son muy duras», declaró Platero.
Sin embargo, puntualizó que tanto las pruebas como los castigos que aplican a los aspirantes a policías, son acciones deshonrosas.
«En materia de derechos humanos, todo lo que denigra la vida o que haga ver menos a la persona violenta los derechos humanos. El hecho de que haya un abuso en las pruebas que les hacen, claro que violentan los derechos humanos. Esas pruebas no están contempladas dentro de un programa normal de educación», expuso la defensora.
Irregularidades
En ese sentido, Platero confirmó que existe una serie de irregularidades donde las máximas autoridades abusan de los que son nuevos.
Asimismo, indicó que existen hasta denuncias de maltrato a lo interno de las instalaciones policiales.
«La ANAPO no está regida por las universidades de Honduras, no hay control o inspección, porque es muy diferente el régimen militar a la educación que se imparte en las otras universidades», finalizó la experta.
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