Redacción. El sistema judicial argentino dictó una sentencia ejemplar tras uno de los casos más estremecedores de los últimos años. Andrés Bustamante, un presunto pastor evangélico de 73 años, y su pareja, Gimena Julieta Córdoba, de 23 años, fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato de Zoe Natasha Rodríguez, la hija de la mujer, de tan solo cuatro años.
El crimen ocurrió el 13 de noviembre de 2021 en el barrio Loteo San Andrés, en la ciudad de La Rioja. La investigación determinó que, momentos antes de su muerte, la madre de Zoe la golpeó brutalmente, lo que le provocó fracturas en el cráneo, brazo, mandíbula y costillas. La antropóloga forense Fernanda Minoto, quien participó del peritaje, confirmó estos detalles.
Posteriormente, en un intento por ocultar los signos de violencia, Córdoba y Bustamante incineraron el cuerpo de la niña. El informe forense reveló que Zoe aún estaba con vida cuando fue quemada, un dato que conmocionó tanto a los presentes en el juicio como a la opinión pública.
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Investigación
Durante el proceso judicial, que se extendió por más de un año, la fiscalía probó que la pareja maltrató físicamente a Zoe en varias ocasiones a lo largo del año que convivieron juntos. Las pruebas presentadas mostraron un patrón de violencia sistemática que culminó en el homicidio de la menor.
Hasta poco antes del crimen, Zoe vivía bajo el cuidado de su abuelo paterno, Oscar Rodríguez. Las autoridades devolvieron a la niña a Córdoba porque su madre la había inscrito con su propio apellido en lugar del padre. Sin embargo, existían varias denuncias contra ella por consumo de drogas y antecedentes de negligencia.
El abuelo de la menor recibió el veredicto con alivio, expresó su dolor y su intención de seguir luchando por justicia.
“Alivio nos trajo, eso fue. No tener que viajar más a La Rioja, levantarse con ese dolor, ir a escuchar todo lo que le hicieron, salir a tomar una gaseosa o un jugo y volver triste de nuevo, ver a mi familia triste. Eso terminó y me llenó con más fuerza para la lucha que tengo por delante contra los funcionarios que fueron responsables de este dolor”, declaró Rodríguez.
Este caso reavivó el debate sobre la actuación de los organismos de protección a la infancia y puso en evidencia graves fallas institucionales. Con la condena a prisión perpetua, las autoridades buscan no solo hacer justicia para Zoe, sino también enviar un mensaje claro sobre la necesidad urgente de reforzar los sistemas de prevención y protección de menores en situación de vulnerabilidad.
