Redacción. La Sala I del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa declaró culpable, por mayoría de votos, a Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, Bográn firmó el 26 de marzo de 2020 un contrato de supervisión de obras con una empresa de consultoría en ingeniería presidida por su tío paterno, Napoleón Bográn Idaquez.
El contrato fue adjudicado durante la emergencia sanitaria por COVID-19, y tenía como objetivo supervisar la construcción de un hospital móvil en Santa Rosa de Copán.
De acuerdo con el artículo 15, numeral 6, de la Ley de Contratación del Estado, está prohibido que instituciones públicas firmen contratos con parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de funcionarios que tengan bajo su responsabilidad la precalificación, evaluación, adjudicación o firma de contratos.
Le puede interesar: Condenan a Marco Bográn a cinco años de prisión por el caso de “Hospedaje VIP”
El tribunal determinó que Bográn transgredió los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia que deben regir la función pública. Esto afectó el correcto desempeño de la administración estatal.
Asimismo, el tribunal programó la audiencia de individualización de la pena para el jueves 29 de mayo a las 9:00 de la mañana.
Marco Bográn
Marco Bográn se convirtió en una de las figuras más cuestionadas durante la pandemia, especialmente por su papel en la compra de siete hospitales móviles. Esta operación ha sido objeto de controversia y le ha valido enfrentar varios procesos judiciales.
Lo que en su momento se presentó como una respuesta rápida a la emergencia, terminó generando desconfianza y frustración. Además, provocó fuertes críticas por presuntas irregularidades y la falta de resultados.
El fallo representa un momento clave en la búsqueda de rendición de cuentas en un país donde la ciudadanía ha exigido, una y otra vez, que la justicia alcance a quienes manejan los recursos públicos.