Redacción. Enil Edil Mejía Zúniga, un hondureño de 34 años originario de Olancho, ha sido sentenciado a diez años de prisión en Estados Unidos por su papel central en una conspiración de tráfico de migrantes.
Conocido como «Chino», Mejía Zúniga dirigía desde San Antonio, Texas, una sofisticada red transnacional. Esta estructura operó ilegalmente entre noviembre de 2020 y marzo de 2023.
La operación de «Chino» movilizó a miles de personas desde Asia, África y América del Sur, guiándolas en su peligroso trayecto hasta cruzar el Río Grande. Las autoridades estadounidenses quedaron asombradas no solo por la vasta escala de la operación, sino también por el elevado nivel de sofisticación financiera y logística que caracterizaba las acciones de Mejía Zúniga y su organización.
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Negocio multimillonario
Durante más de tres años, la red de Mejía Zúniga organizó el contrabando de migrantes de países tan diversos como Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán y Colombia. El punto de entrada principal era Eagle Pass, Texas. El proceso iniciaba con un intermediario pakistaní en Brasil, quien coordinaba con «Chino» la movilización de los extranjeros a través de Sudamérica y Centroamérica, para que luego los coyotes los guiaran en el cruce del Río Grande. Una vez en EE. UU., los indocumentados eran alojados en casas de seguridad y hoteles en San Antonio.
Se estima que la organización traficó entre 2,500 y 3,000 personas en ese periodo, cobrando entre 6,500 y 12,000 dólares por migrante. En algunos casos, como el de dos hermanos, se llegaron a pagar hasta 20,000 dólares. Este negocio clandestino era una maquinaria perfectamente engrasada, con pagos a conductores, supervisión de casas clandestinas y coordinación de cruces fronterizos con logística militarizada. «Chino» confesó haber ganado 30,000 dólares por cada grupo de diez personas que cruzaban exitosamente.
Operación marea roja
La contundente evidencia incluyó transferencias bancarias, libros de contabilidad, identificaciones extranjeras y fotos de miembros con armas. Después, desarrollaron la Operación Marea Roja, que se convirtió en un esfuerzo binacional que desmanteló la estructura criminal.
Además de la pena de prisión, a Mejía Zúniga se le impusieron tres años de libertad supervisada y una multa de 4,500 dólares. Sus coacusados, Mónica Hernández Palma (México), Allyson Álvarez Zúniga (Honduras) y Genyi Arguenta Flores (Honduras), también fueron capturados y enfrentan sus propias sentencias. Otro miembro clave permanece detenido en México, pendiente de extradición.
Por su parte, Justin Simmons, fiscal federal, afirmó que las acciones de «Chino» «pusieron en riesgo la seguridad nacional», mientras que Craig Larrabee, agente especial del ICE, envió un mensaje claro:
«Esta sentencia envía un mensaje contundente a quienes explotan nuestro sistema migratorio para su propio beneficio».
