Redacción. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina confirmó este martes la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión, que agota las instancias de apelación, sella de manera definitiva la suerte judicial y política de una de las figuras más influyentes y polarizantes del país en las últimas dos décadas.
La sentencia se desprende de la llamada causa Vialidad, donde Kirchner fue hallada culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El fallo ratifica lo resuelto previamente por el Tribunal Oral Federal N°2 y por la Cámara Federal de Casación Penal, en relación con el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, cuando la familia Kirchner ejercía el poder presidencial.
De acuerdo con la acusación fiscal, durante los tres mandatos presidenciales del kirchnerismo, los de Néstor Kirchner (2003-2007) y los dos de Cristina Fernández Kirchner (2007-2015), la empresa Austral Construcciones, creada poco antes del ascenso de Néstor a la presidencia, se benefició con la adjudicación de 51 obras viales, es decir, el 79% de todas las licitaciones de la provincia.
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El titular de la constructora, Lázaro Báez, un exgerente bancario sin experiencia en la construcción y amigo personal de los Kirchner, fue señalado como testaferro de la familia. Según los peritos judiciales, solo dos de las obras se completaron en los plazos estipulados, y la mitad ni siquiera fueron terminadas.
Medida sustitutiva
Además, se denunciaron sobreprecios millonarios y una estructura estatal dedicada a favorecer a Báez, generando un perjuicio estimado al erario público de más de 1.000 millones de dólares.
La Corte rechazó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años y sumar el delito de asociación ilícita. Kirchner, de 72 años, podría cumplir la condena bajo el régimen de prisión domiciliaria, en atención a su edad y estado de salud. El fallo también imposibilita su candidatura para las elecciones legislativas de septiembre. En las que la exmandataria había anunciado su intención de competir por una banca como diputada por la provincia de Buenos Aires.
La sentencia representa un hito político y jurídico en Argentina. Cristina Fernández de Kirchner no solo fue dos veces presidenta, sino también vicepresidenta entre 2019 y 2023, en la gestión de Alberto Fernández. Actualmente, es presidenta del Partido Justicialista (PJ), la principal fuerza opositora al gobierno del presidente libertario Javier Milei.
Anteriormente, Kirchner volvió a denunciar que es víctima de una persecución sistemática. “Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”, afirmó recientemente durante un acto partidario. Sus palabras aludieron al intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.
Defensa
La expresidenta ha sostenido desde el inicio del proceso que no existen pruebas directas en su contra. “Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, escribió en diciembre de 2022, tras la condena en primera instancia.
Añadió además: “El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”. Sugiriendo, con ironía, que debió haberse imputado al entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, con quien compartió fórmula en 2019, pero mantuvo una relación tensa durante todo el mandato.
La defensa también subrayó que las obras públicas las aprobó el Congreso Nacional mediante la sanción del presupuesto anual, que incluso contó con votos de la oposición. En esa línea, cuestionó que la Justicia interfiera en las decisiones políticas adoptadas por gobiernos democráticamente electos.
No obstante, la Corte Suprema entendió que existió una organización desde las más altas esferas del poder político para desviar fondos del Estado en beneficio de particulares allegados.
Condenas
Además de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, la Justicia condenó a otros exfuncionarios kirchneristas. Entre ellos se encuentra el exsecretario de Obras Públicas, José López, conocido por el episodio de 2016 en el que lo sorprendieron arrojando bolsos con millones de dólares en un convento.
La reacción política no se hizo esperar. Durante una entrevista, Kirchner desafió a sus detractores: “Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mira cómo tiemblo”. En otro encuentro partidario, se definió como “una fusilada que vive”.
La expresidenta también cargó contra la gestión de Mauricio Macri, acusándolo de presuntas irregularidades en el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de corrupción sin que la Justicia haya actuado en consecuencia. “Para mí, estar presa es un certificado de dignidad”, sentenció.
Con la condena ya firme, Cristina Fernández de Kirchner queda definitivamente excluida de la vida institucional y electoral del país. Sin embargo, su figura política probablemente continúe siendo un factor de movilización y disputa en la escena argentina.
