TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mediante procedimiento abreviado, un juez dictó siete años y seis meses de prisión contra un conductor de buses del transporte público, mejor conocido como «rapiditos», que extorsionaba a sus propios compañeros de ruta.
Se trata de Noé Vicente Chávez González vinculado a la banda «Los Puchos», quien aceptó ser el responsable del delito de extorsión.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), por medio de la Sección Antiextorsión, logró que se dictara esa pena en su contra.
El extorsionador cometía el delito en perjuicio de sus propios compañeros del transporte de la ruta Cerro Grande – Kennedy, en contubernio con el cobrador de la unidad, a quien también se capturó junto con el ahora condenado. Ambos fueron aprehendidos el 19 de septiembre de 2021, a bordo del «rapidito» en el cual trabajaban.
Por otro lado, la FESCCO logró que se condenara a una pena de 15 años de prisión por el delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido, además le impusieron una multa de más de medio millón de lempiras a Erick Amel Cáceres Alberto, cabecilla de la Mara Salvatrucha MS–13.
A Cáceres Alberto se le dio arresto el 28 de junio de 2019 y se le señala de ser un cabecilla de la MS–13 que operaba en Danlí, El Paraíso.
Inicialmente, el condenado cometía el ilícito en Comayagüela, luego se mudó a la zona oriental, donde se dedicaba a extorsionar a vendedores de carros repartidores y desplazamiento forzoso de familias.
Lea también: Muere coordinador de extorsión de la MS-13 en Choluteca
Cerrado por extorsión: criminalidad asfixia negocios de La Ceiba
La criminalidad se ha incrementado en el país durante la última década, y aunque parezca exagerado, con sólo caminar por las calles se siente inseguridad, y unos de los más flagelados son los comerciantes, quienes sufren extorsión.
Aunque algunos hondureños cerraron su negocio por la pandemia, hay quienes tomaron la determinación de reabrir, principalmente porque se acercan las fechas de Navidad y Año Nuevo.
Sin embargo, los comerciantes se encuentran con un gran obstáculo, el llamado «impuesto de guerra«, cobrado por diferentes estructuras criminales de La Ceiba a muchos bares, discotecas, restaurantes y hasta hoteles. Algunos ya clausuraron sus locales.
Por ejemplo, La Perla Negra, un edificio hotelero, colocó un enorme rótulo en su entrada que decía «cerrado por extorsión«. Y así, muchos otros negocios están enfrentándose a la misma situación.
Los propietarios no se atreven a denunciar por miedo. Este es el panorama que se vive en la zona atlántica del país, pese a las intervenciones de las autoridades de la Policía.
Nota para nuestros lectores:
? Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: https://bit.ly/2Z2UF3j.
