TEGUCIGALPA, HONDURAS. A 4 años y 6 meses de reclusión condenaron a los dueños del restaurante capitalino Típicos de la Costa, por el delito de explotación en condiciones de servidumbre en perjuicio de más de 30 víctimas.
Se trata de los empresarios María Margarita Flores y Martín Rolando Izaguirre Chacón. El Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los capturó durante la Operación Libertad, ejecutada el 23 de septiembre de 2021.
Asimismo, se sentenció al funcionario de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Dennis Edgardo Castillo, por el delito de revelación de secretos en perjuicio de la administración pública.
El fallo condenatorio contra los acusados lo obtuvieron fiscales de la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas.
La condena se decretó vía procedimiento abreviado, es decir que los encausados aceptaron la responsabilidad penal que se les imputó.
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Operación Libertad
Según informó la Fiscalía, la Operación Libertad obedeció a una denuncia interpuesta a inicios de 2021 por una organización no gubernamental.
La denuncia estableció que casi 50 personas, entre adultos y menores de edad, los explotaban laboralmente en varios restaurantes de la capital.
De acuerdo con las investigación, a los ciudadanos los traían del interior del país aprovechándose de su vulnerabilidad y necesidad. Posteriormente, los hacían trabajar sin respetar el Código de Trabajo (sin Seguro Social ni vacaciones) y pagándoles sueldos miserables.
Además, se reveló que la mayoría de estas personas las obligaban a vivir en condiciones infrahumanas en cuartos con literas donde tenían que compartir dos personas una misma cama y bajo amenazas.
Todo lo anterior, en confabulación con algunas autoridades, quienes se volvieron cómplices de estos delitos, señaló el MP.
En ese sentido, la Fiscalía explicó que muchas de estas personas que explotan no se dan cuenta que los someten a abusos por la necesidad en que se encuentran y el bajo nivel de escolaridad, incluso en muchos casos no se consideran víctimas de estos delitos.
La Ley Contra la Trata de Personas en su modalidad de esclavitud y servidumbre establece como el estado de dependencia o sometimiento de la voluntad en el que la persona victimaria por cualquier medio induce, obliga o condiciona a la víctima a realizar actos, trabajos o prestar servicios, con atributos del derecho de propiedad sobre el individuo.
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