TEGUCIGALPA. La Fiscalía del Ministerio Público (MP) que lleva el caso en contra de los exdirectivos del Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS), pidió una condena máxima para Mario Zelaya y los implicados por el caso de las «Empresas de Maletín».
Al exdirector del IHSS Mario Zelaya y su pandilla, el MP los acusa de los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.
En ese sentido, el ente acusador propuso en la audiencia de individualización de pena que Zelaya debe purgar 11 años y tres meses de cárcel. Esto, por los tres delitos y 20 años más por lavado de activos durante el atraco al IHSS.
En total, el exfuncionario podría pasar más de 50 años en la cárcel. Esto, debido a que los fiscales que conocen del caso pidieron la condena máxima.
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De igual manera, el MP solicitó se eleve la condena a John Charles Bográn, a más de 20 años de prisión; José Ramón Bertetti y Vivian Juárez a 31 años por fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Esto, por su vinculación el caso conocido como «empresas de maletín».
La parte acusadora detalló que los implicados participaron en el desvío de más de 290 millones de lempiras del IHSS a distintas empresas suplidoras de equipo y material médico.
Delito, por el cual fueron encontrados culpables por el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Mientras tanto, Michelle Rojas, podría recibir un total de 20 años. Pero las reformas a la legislación penal le permitirían pasar entre seis y 10 años encarcelada.
Apoderado legal de “La Palillona” interpone recurso para bajar condena
El apoderado legal de otra de las vinculadas en la estafa a al IHSS, Héctor Durán, interpuso un recurso de apelación a favor de su defendida para que le bajen un año de la condena.
Hablamos de Ilsa Vanessa Molina, más conocida como “La Palillona”, quien guarda prisión en la cárcel para mujeres de Támara.
Su defensor informó que hace unos cinco meses interpuso un recurso de apelación para revocar la pena dada a su defendida.
Lo anterior amparado en que “el procedimiento abreviado se basa en que hay dos antecedentes. Donde dos personas que se sometieron al procedimiento abreviado se les aplicó la pena mínima”.
Explicó que a Ilsa Molina se le estableció 12 años y 3 meses, un año más de la pena mínima; por lo que debió aplicarse la pena mínina de 11 años 3 meses.
Como “no existía agravantes para no poner la mínima”, esperan que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) responda pronto.
Recordó que “es una corte que tiene mucho trabajo y una carga”. Además, agregó que estaban seguros que se les da prioridad a recursos contra sobreseimiento. Asimismo, afirmó que “estas personas pueden obtener una libertad con una sentencia de la Corte de Apelaciones”.
