Cortés, Honduras. La comisionada Sandra Rodríguez del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura (MNP-CONAPREV) dijo que habilitar la prisión de Naco «significa una gran erogación de fondos«.
Asimismo, Rodríguez recalcó que la cárcel estuvo bajo la coordinación de Monseñor Rómulo Emiliani y fue hasta 2016 que pasó a manos del Estado de Honduras.
En 2020 se ordenó, por medio del PCM 102-2020, continuar con la construcción y habilitación de este centro penal; sin embargo, nadie sabe qué pasó con los 160 millones de lempiras que asignaron para ello, afirmó.
«Esos 160 millones de lempiras estaban programados para ser entregados en 18 meses. Pero este es un monumento a la corrupción carcelaria ya que la comisión interventora liderada por Fusina no entregó, al menos públicamente, un informe. No sabemos qué ocurrió con esos fondos«, denunció Rodríguez.
Centro Penal
Según Rodríguez, habilitar un centro penitenciario ayudaría en gran manera a resolver los problemas de desarraigo familiar. Ve a Naco como un centro penitenciario preventivo.
Igualmente, expresó que «necesitan hacer una buena inversión ya que el costo que se tenía en el 2020 era de 160 millones de lempiras. Para el 2023, subiría porque hay que combatir el problema de la condición térmica en los módulos». Hay que trabajar en el descongestionamiento pero habilitar Naco es dinero, añadió.
«Naco significa una gran erogación de fondos. Estamos conscientes que para reducir el hacinamiento la medida por excelencia es hacer un plan de descongestionamiento gradual, eliminar la mora judicial por la gran cantidad de privados que no tiene sentencia firme», agregó.
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Antecedentes
La cárcel de Naco, Cortés “se construyó” en un terreno de 200 hectáreas donde supuestamente se invirtieron más de 193 millones de lempiras.
La obra se encuentra en abandono. Su construcción inició en el gobierno del expresidente Ricardo Maduro (2002-2006).
En el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), mediante decreto ejecutivo número PCM 15-2007 se creó la comisión pro construcción del presidio, pero el proyecto quedó abandonado desde el 2016, cuando pasó a manos del Estado de Honduras.