TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Roberto Herrera recomendó que el problema de la violencia delincuencial debe ser examinado desde la perspectiva de la seguridad humana.
Ya que datos recientes indican que entre el 2004 y el 2014, al menos, 174,000 personas de 20 municipios del país tuvieron que desplazarse internamente por causas de la violencia y la criminalidad.
Se estima que, en el 2015, unas 16,424 personas procedentes de Honduras presentaron solicitudes de refugiados en diversas partes del mundo, situación que implica un aumento del 99% en comparación al 2014.
Unos 75,875 hondureños fueron retornados desde los Estados Unidos y México durante el 2015, de los cuales, alrededor del 10% eran niños, niñas y adolescentes.
Ante esta problemática el Conadeh con la asistencia técnica y financiera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados activó la Unidad de Desplazamiento Interno Forzado por Violencia tiene como objetivo monitorear de manera permanente el fenómeno de desplazamiento interno forzado a nivel nacional.
Un estudio preliminar, hecho por la nueva Unidad de Desplazamiento Interno por Violencia reveló que el CONADEH atendió 47 casos de personas desplazadas por la violencia en los municipios de Choluteca, Comayagua, Juticalpa, Ocotepeque y Villanueva.
El informe establece que de las 47 denuncias, 23 (49%) corresponden a personas en situación de riesgo y 24 (51%) en víctimas de desplazamiento. Del total de casos atendidos por el CONADEH, en estos cinco municipios, 7 decidieron salir del país en busca de protección internacional mediante la solicitud de refugio o de asilo.
La Unidad identificó, en estos 47 casos, de personas víctimas de desplazamiento que el 47% fueron objeto de amenazas a muerte, un 15% por amenazas, 9% por malos tratos y 6% por extorsión.
En este análisis preliminar, hecho en los 5 municipios antes mencionados, se destaca que el 23% de las víctimas eran amas de casa, un 17% comerciantes, además, aparecen estudiantes, maestros, operarios, vendedores, periodistas, personas sin ocupación y un 28% de población afectada que se desconoce su ocupación.
De los 47 casos, se detectó que las mujeres figuran como el sector de la población más vulnerable al desplazamiento por violencia el registrarse el 64%, además, son víctimas los niños con un 5%, los adultos mayor con 5%, miembros de la diversidad sexual y personas con discapacidad.
Se estima que, en el 2015, unas 16,424 personas procedentes de Honduras presentaron solicitudes de refugiados en diversas partes del mundo, situación que implica un aumento del 99% en comparación al 2014.
El defensor explicó que la seguridad integral tiene que ver no solamente con el aspecto represivo sino que también con los aspectos económicos, sociales y culturales en los cuales está viviendo la población hondureña.
Herrera opinó que se necesita de una atención sostenida para lograr que en cada comunidad, en cada aldea y en cada municipio se logren mejores condiciones de bienestar para la población.
Expresó su preocupación por la época excepcional que se vive en Honduras caracterizada por una violencia generalizada que aumenta por las actitudes de odio e intolerancia entre los mismos hondureños.
«Nos sentimos bastante preocupados por esta situación porque muestra una vinculación inseparable entre la violencia y la delincuencia y una vulneración de derechos humanos múltiples, que involucra no solo el derecho a la propiedad sino que a la vida a la seguridad de las personas y a su integridad».
El Defensor del Pueblo instó a las autoridades gubernamentales para que se empeñen más en las causas que están generando la violencia delincuencial en el país. «Es necesario llegar a empeñarse un poco más en las causas, porque solo la determinación de las causas, de lo que está ocurriendo, nos dará la forma de prevenirla efectivamente».
Reconoció que en la lucha contra la delincuencia el gobierno está tomando acciones, sin embargo, considera que estas necesitan del apoyo de la sociedad. Sin embargo, lamentó que en el país haya gente que incite al odio que divide a grupos y separa a grandes sectores de la población.
Quienes preconizan el odio no solamente desvalorizan su propia dignidad sino que pretenden negar la dignidad de los demás e introducir prejuicios, hostilidad, y discriminación, concluyó Herrera.
