Redacción. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) solicitó a los diputados del Congreso Nacional que no continuaran extendiendo el estado de excepción, implementado en Honduras por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro desde diciembre de 2022 y ampliado hasta catorce veces.
El ente de derechos humanos mantiene su postura sobre la «no prorrogación del estado de excepción», que estuvo vigente en 226 de los 298 municipios del país del 2 de octubre hasta el 26 de noviembre de 2024 con la nueva extensión, argumentado que no es una «herramienta adecuada» para combatir las causas que subyacen a la criminalidad organizada y la inseguridad.
Esta medida lo único que realiza, añadió el Conadeh, son intervenciones policiales o estatales sin la debida supervisión por parte del Estado de Honduras. Hoy, existen muchas quejas y denuncias de abuso de autoridad por parte de funcionarios policiales que se avalan del régimen de excepción, que tiene como objetivo, según el gobierno, reducir los índices de violencia criminal en el país.
Entre las quejas más frecuentes figuran la violación a los derechos humanos, daños a la propiedad (durante allanamientos) y allanamiento sin orden judicial. Al igual que el uso desproporcionado de la fuerza, los malos tratos y razones o motivos de las detenciones, según la institución.
Además, las personas detenidas denunciaron la colocación de medios probatorios por parte de los oficiales policiales. Entre ellos drogas o cualquier otro elemento ilícito para proceder con la captura.
Le puede interesar: Partido Nacional rechaza ampliación del estado de excepción por falta de resultados
Estado de excepción
El abogado hondureño Javier García se refirió también al tema, cuestionando la efectiva del estado de excepción porque no ha brindado los resultados esperados. «Estas medidas que son para la seguridad nacional tienen que realizarse de acuerdo con la efectividad que se pretende lograr con ellas», dijo.
«Lastimosamente, hemos visto que en reiteradas ocasiones se ha postergado la misma sin tener los efectos deseados», prosiguió.
Para García, el gobierno -por medio de la Secretaría de Seguridad- debería de «mejorar las políticas públicas» y brindar, además, la seguridad a toda la población: «No hemos visto que las cifras hayan disminuido, sino que han aumentado».