TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera, solicitó a presidentes centroamericanos crear estrategias pro migrantes.
Por medio de un comunicado, el defensor del pueblo hondureño expresó que están obligados a realizar dicha acción.
Lo anterior es debido a el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. “Adoptar posiciones y estrategias conjuntas para la defensa legítima de sus respectivos connacionales en el exterior”, dice el comunicado.
Añadió que los compromisos aplicables de los estados centroamericanos a las causas de la migración forzada. De la misma manera, la obligación de crear un cambio paulatino en la calidad de vida de los habitantes.
Anunció que el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos se reunirá en marzo próximo en Panamá. Con el propósito de abordar la problemática de las personas migrantes y los desplazados en Centroamérica.
Advirtió, que las acciones de los gobiernos centroamericanos requieren de “mayor celeridad». De esa manera, para poder apoyar oportunamente con acciones concretas a sus connacionales inmigrantes” que viven en EE.UU.
Enfatizó que es necesario “avanzar” en la implementación del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.
Lo anterior, con el objetivo de contrarrestar los factores que causan el desplazamiento forzado y la migración irregular.
Destacó la “urgencia” de implementar el plan de acción de la Agenda 2030 impulsada por la ONU para el Desarrollo Sostenible.
El ombudsman hondureño dijo que reconoce y respeta la facultad soberana de los Estados “en la formulación de políticas que tienen como fin controlar el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de sus países”.
Señaló que los procedimientos de control de fronteras deben ser conforme al derecho internacional general y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
No criminalizar la migración
Indicó además que la migración “no debe ser criminalizada” por los países de tránsito y de destino, pues con ello “violentan los derechos humanos” de los migrantes, quienes tienen derecho al reconocimiento y respeto de su personalidad jurídica.
