Redacción. La comisionada nacional de Derechos Humanos de Honduras, Blanca Izaguirre, alertó ante organismos internacionales que el estado de excepción vigente desde diciembre de 2022 en Honduras se ha extendido de manera excesiva y ha generado violaciones a derechos fundamentales.
En las pre-sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Izaguirre señaló que la medida se diseñó para enfrentar la delincuencia, pero su prolongación ha desvirtuado su propósito.
“El estado de excepción se ha desnaturalizado. Fue concebido para combatir el crimen organizado y la delincuencia común, pero no es idóneo y ha derivado en múltiples violaciones a los derechos fundamentales”, explicó.
Denuncias
El Conadeh documentó más de 1,000 denuncias desde la aprobación del estado de excepción.
Entre los casos reportados hay detenciones arbitrarias, tortura, robo de pertenencias, destrucción de bienes y violencia sexual.
“Se han reportado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales y allanamientos que carecen de garantías básicas”, agregó la comisionada.
Además, el Ministerio Público ha procesado a 7 oficiales de la Policía Nacional, 8 agentes de la DPI y 11 de la Dipampco por delitos como tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y allanamiento de morada.
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El Conadeh advirtió que la prolongación de esta medida compromete la responsabilidad internacional del Estado y debilita la democracia, especialmente en un año electoral.
“Como institución nacional de derechos humanos, hemos rechazado el estado de excepción porque carece de idoneidad y es violatorio de derechos humanos”, enfatizó Izaguirre.
Entre las recomendaciones del Conadeh destacan:
- Que el Poder Ejecutivo se abstenga de seguir prorrogando el estado de excepción.
- Que el Congreso Nacional ejerza control sobre los decretos.
- Que la Corte Suprema de Justicia revise de oficio la legalidad de las prórrogas.
La institución pidió, además, que el Estado adopte una política de seguridad con enfoque en derechos humanos y de género, orientada a atacar las causas estructurales de la violencia y garantizar la protección de la ciudadanía.
