TEGUCIGALPA, HONDURAS. Entre 2010 y 2018, unas 51 mil personas murieron de forma violenta en Honduras, según informó en las últimas horas Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH).
Ante ese panorama de violencia, Herrera Cáceres manifestó que es reprochable que los hondureños se estén matando entre ellos. «Es un dolor inmenso para toda la familia hondureña y para la nación; es decir, sentir cómo nos estamos exterminando entre nosotros mismos», señaló el ombusman hondureño a través de un comunicado.
De acuerdo con el defensor de los hondureños, el Gobierno ha puesto en los últimos años en marcha una «serie de acciones». Esto, en materia de seguridad pública. Lo anterior, con el fin de reducir el número de muertes violentas en el país.
A efecto de eso, indicó que dichas acciones han logrado «un descenso significativo» de la tasa de muertes. Eso, al pasar de 86,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2011, a menos de 45 en 2018.
Cabe señalar que entendidos en el tema critican los resultados de las políticas de seguridad del actual Gobierno.
“Esa política y estrategia de seguridad pública se desarrolla especialmente desde «un enfoque represivo y poco preventivo. Esto, sobre los hechos de violencia y criminalidad», destacó el comisionado.
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Herrera Cáceres: “Problemas no son resueltos en Honduras”
De ese modo, el compareciente aseguró que hay una serie de problemas sociales no resueltos en Honduras.
“Son problemas que causan grave sufrimiento a la dignidad de los habitantes, al grado de afectar a un sinnúmero de personas o poblaciones enteras que se ven forzadas a huir hacia el interior o exterior del país en busca de protección», aseveró el compareciente.
Igualmente, Herrera insistió en que muchos hondureños se ven obligados a desplazarse en el país o al exterior, por temor a perder la vida, ya sea porque es víctima de amenazas o extorsión.
Es preciso mencionar que ese organismo de derechos humanos recibió entre 2016 y agosto de 2018 alrededor de 2.000 denuncias» de personas y familias, de ellas entre el 40 y 45 por ciento tuvieron que abandonar sus hogares y el resto estaba en «situación de riesgo».
