Redacción. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) denunció en las últimas horas, que unas 50 organizaciones que operan en Honduras estarían a punto de paralizar sus funciones e incluso cerrar, debido a que las autoridades de gobierno no atienden sus demandas.
El ente resaltó a través de un comunicado, que al cerrar estas instituciones, quedarían a la deriva y sin atenciones unas 60 mil personas con diferentes discapacidades.
Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Conadeh, lamentó esta situación y a su vez exhortó a las autoridades gubernamentales a atender a estas organizaciones.

De acuerdo con Hernández, estas instituciones por décadas se han dedicado a atender a personas con discapacidad. Este último, un sector invisibilizado y abandonado, por lo que es indigno que no lo atiendan las autoridades.
Lea además: Conadeh condena agresiones contra consejeras del CNE y llama a la paz
La funcionaria del Conadeh afirmó que, «la responsabilidad de atender a la población de personas con discapacidad en su rehabilitación, habilitación, salud integral y educación inclusiva debería ser responsabilidad del Estado. Sin embargo, no ocurre así y, en un altísimo porcentaje, son las organizaciones de sociedad civil las que han asumido esa tarea».
Desde el Conadeh llamaron al gobierno de Honduras a que les den una respuesta inmediata a las demandas de este medio centenar de instituciones. Todas ayudan a las personas con discapacidades físicas, intelectuales, sensoriales y psicosociales a nivel nacional.

Dificultad en los trámites
De acuerdo con Julio Moncada, director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH), estas instituciones no han recibido los fondos por parte del Programa de Apoyo Solidaría (PROASOL).
Estimaciones establecen que las organizaciones que ayudan a las personas con discapacidad urgen de unos 15.5 millones de lempiras. El dinero es para ponerse en operatividad y no dejar abandonados a quienes tanto los necesitan.
También, Moncada lamentó que mientras a ellos les piden cerca de 22 requerimientos para asignarles fondos, a personas les asignan presupuesto sin requisitos y rigurosidad.
«No pedimos que se nos quiten los requerimientos, pero sí los trámites burocráticos. Esto, para poderle dar una respuesta a las personas con discapacidad en Honduras», declaró el director de CIARH.

Reunión con la presidenta
Debido a esta situación y al riesgo de dejar sin atenciones a muchas personas que lo necesitan, las organizaciones solicitaron una reunión con la presidenta de la República, Xiomara Castro.
A través de una carta expresaron que, «como sector históricamente marginado y vulnerable, no podemos seguir siendo ignorados ni excluidos de decisiones que afectan directamente nuestras vidas”.
Entre sus exigencias figura agilizar de manera urgente las transferencias del anticipo del 40% del primer desembolso del 2025 para las 50 organizaciones. A su vez, comentaron que este retraso está limitando su funcionamiento y de por medio están los servicios para la ciudadanía.

“La falta de respuesta institucional ha traspasado los límites del respeto, la legalidad y la dignidad, ya que han agotado los espacios de diálogo con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y PROASOL, sin encontrar voluntad política ni compromiso efectivo», lamentaron.