Tegucigalpa, Honduras. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recordó que desde 2010 hasta 2024, 25 adolescentes han muerto en circunstancias violentas mientras estaban bajo la tutela del Estado en centros de privación de libertad.
Muchos de estos recintos, explica el ente, no cumplen con los estándares internacionales en justicia juvenil.
Actualmente, el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI) alberga a unos 116 niños y niñas privados de libertad. Esta cifra representa menos del 1 % de la población adulta detenida en las cárceles de Honduras, que ronda las 20 mil personas. La mayoría de estos menores están encarcelados por extorsión, venta de drogas y portación de armas.
Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, explicó que reducir la edad punible no es la solución, ya que otros países lo han intentado sin resolver los problemas de delincuencia e inseguridad juvenil.
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Muertes de menores infractores
“Cuantos más adolescentes ingresen a los centros por cometer infracciones, más insegura se vuelve su vida”, señaló Maradiaga. Añadió que algunos de estos centros pedagógicos no cumplen con los estándares internacionales de justicia juvenil, complicando los procesos de reeducación.
Sin embargo, Maradiaga reconoció que esta situación ha mejorado en los últimos años.
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Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el sistema de justicia debe respetar los derechos y la seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y mental. El encarcelamiento deberá usarse como último recurso.
