Tegucigalpa, Honduras.- Después de al menos 35 nuevos cambios, el dictamen final de la Ley de Justicia Tributaria, fue remitido a la secretaría del Congreso Nacional y está a la espera de que la Junta Directiva determine someterla a debate ante el pleno.
Hugo Noe Pino, secretario del Poder Legislativo, informó que, «la comisión especial hizo alrededor de 30 a 35 cambios importantes para la ley”. Aunque las bancadas de oposición afirmaron que desconocen los cambios que realizó la comisión especial, esperan que se les informe antes de que se presente en una sesión, debido a que solicitaron algunas reformas.
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El congresista expuso que algunas de las modificaciones en la Ley, están basadas en las solicitudes del Partido Liberal, como la inclusión de insumos exentos de maquinaria para el sector agrícola en Rinde Megaproyectos.
¿Qué contiene?
De acuerdo con el ministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Christian Duarte, la Ley de Justicia Tributaria contiene dos regímenes de exoneraciones fiscales; uno destinado para la inversión nacional, denominado Régimen de Incentivos a la Inversión para el Desarrollo (Rinde), y para la extranjera directa el Régimen de las Zonas Francas.
Rinde está destinado a fomentar la industria y mercado nacional, con el fin de generar empleo y atraer inversión privada. Duarte explicó que uno de los beneficios para los empresarios es la deducción del 200% del gasto que hagan en salarios de calidad. Es decir, que si la empresa paga dos millones de lempiras en salarios, podrá deducir cuatro millones de lempiras de su base disponible de su renta.
Otro de los beneficios que expuso, es una depreciación desacelerada de bienes y maquinaria en cinco años, sin ningún tipo de trámite autorizado.
Mientras que Zonas Francas, es el régimen tradicional destinado a conectar la industria nacional con los mercados del exterior. Contiene beneficios de exoneración por 10 años del Impuesto Sobre la Venta (ISV), Derecho Arancelarios de Importación (DAI), Derechos Consulares y cualquier impuesto relacionado con la importación de insumos y exportación.
Además, Duarte explicó que contiene 15 actividades productivas priorizadas para la inversión pública, privada y mixta.
Otras medidas
Otros detalles de la Ley de Justicia Tributaria es una reforma al código del comercio, con el fin de terminar con el anonimato de inversionistas y una reforma para acceder al secreto bancario.
Así como el cambio de la figura de renta territorial a internacional, que llevaría a que los nacionales que inviertan en el exterior paguen por las utilidades que perciban. Ambas medidas estuvieron dentro de un paquete de solicitudes de cambio de la oposición dentro del Congreso.
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Henry Rodríguez
Sobre el tema, el jefe del departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Henry Rodríguez, afirmó que recomendaron una reforma fiscal íntegra y la Ley de Justicia Tributaria es el primer paso.
“Si no se da, significaría que estamos sufriendo atrasos porque hay que mejorar el clima de negocios del país, disminuir el riesgo y todo esto va a pasar para que existan leyes claras y transparentes. Es lo que analizan los inversionistas para invertir su dinero en determinado país”, explicó Rodríguez.
Agregó que, «antes de esa ley nosotros hicimos la propuesta que se tenían que revisar las exoneraciones. Hay que ver si está cumpliendo con los objetivos de generar empleo y riquezas para el país. Las que la estén cumpliendo hay que dejarlas y no quitarlas, pero las que no hay que readecuarlas”.
El economista afirmó que las modificaciones de las exoneraciones no tendrán un efecto inmediato en la economía. “Cada una tiene un periodo de vencimiento de 5 hasta 10 años. Las empresas van a poder solicitar ser incluidas en los regímenes nuevos”.
Equidad y Justicia Tributaria
Por su parte, el diputado del Partido Liberal (PL), Vidal Cerrato, dijo que como bancada esperan que la Ley de Justicia Tributaria y la de Equidad Tributaria, presentadas ante el pleno y que tiene los mismos objetivos, las hayan convertido en un solo proyecto para que sea aprobado.
«El país ocupa un gran pacto fiscal, esta Ley que está impulsando el gobierno y la que el PL presentó, la Ley de Equidad Tributaria, ambas pueden completarse. Desconocemos el contenido del dictamen de la Ley de Justicia Tributaria, tenemos que analizarlo y leerlo», manifestó.
El congresista recalcó que se necesita atraer inversión extranjera y que el capital nacional no salga para atender el déficit de empleo. Además, expuso que dentro de las propuestas que hicieron está que las exoneraciones sean paulatinas y se otorguen con base a una justificación social.
Así con un mayor control y fiscalización de las importaciones de productos de las empresas para erradicar la competencia desleal. También los niveles de incumplimiento de empresas, que son leves, graves y muy graves. Finalmente, contiene la derogación de los incentivos fiscales excesivos.
«Si cada una de las propuestas que hemos hecho se toman en cuenta, en su mayoría de la bancada estaríamos apoyando la propuesta», cerró Cerrato.
Contra el reloj
A criterio del diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya, con la llegada de la temporada política se podría imposibilitar que el partido de gobierno logre los consensos para aprobar la Ley.
“Es importante, siempre hemos sido partidarios que el que más gana, más pague. Tampoco puede ser un arma en la cien al empresariado. Son más de 30 modificaciones, una de las que logramos fue que no se agravara con impuestos las remesas que envían nuestros compatriotas”, expuso.
Zelaya afirmó que el partido de gobierno desaprovechó el tiempo y el ambiente de acuerdos en meses anteriores para discutir el dictamen.
“Hay tantos intereses, que lo veo bastante difícil que se apruebe, ellos han desaprovechado la oportunidad que hubo en algún momento. La campaña política se está abriendo y eso va a imposibilitar que nos pongamos de acuerdo”, concluyó.
El partido de gobierno dejó de ser mayoría en el Congreso y no alcanzan los 65 votos que requiere la aprobación de la Ley. Por ende, la discusión y aprobación del proyecto de decreto enfrentará a la creación de consensos, “una piedra en el zapato” del actual mandato.
