Redacción. Miembros de la comunidad de la diversidad sexual (LGTBI+) acusaron este viernes a varios diputados y funcionarios del gobierno de Honduras por la supuesta poca atención que se les otorga a sus problemáticas y por tratos prejuicios en su contra.
La directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, Rihanna Ferrera, declaró en HRN que, pese a que el gobierno ha intentado mantener acercamientos con las personas LGTBI+, el trabajo realizado ha quedado solamente en papel.
Además, Ferrera aseguró que el asesor presidencial de la mandataria Xiomara Castro tiene prejuicios en contra de la comunidad. A su vez, dijo que hasta en el Congreso Nacional se han comparecido con discursos discriminatorios y de exclusión.
“Les ha quedado grande la camisa, porque siguen teniendo prejuicios. El asesor de la señora presidenta Xiomara Castro, Manuel Zelaya, él ha tenido el tema de prejuicios hacia personas con orientación de género e identidad de género. Hasta en el mismo Congreso Nacional han tirado discursos de exclusión”, aseguró.
Lea también: Más de 460 miembros de la comunidad LGBTI han muerto violentamente en Honduras: Activista Grecia O’Hara
Ferrera destacó que otras dependencias como Desarrollo e Inclusión Social y la misma Secretaría Derechos Humanos han tenido acercamientos con la comunidad LGTBI+ pero, «lastimosamente, el trabajo se ha quedado más en el papel que en acciones. En la praxis no se ha generado nada”, indicó.
Violencia continua
Por otra parte, la defensora de la diversidad sexual señaló que las muertes violentas de miembros de la comunidad LGTBI+ continúan. En los últimos años más de 400 miembros de la diversidad han perdido la vida, siendo el 2023 el más alarmante, con unas 50 muertes.
La Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans detalla que de los 400 asesinatos en el país, sólo entre 20 a 23 casos se han judicializado, de los cuales apenas en 10 lograron una condenatoria.
«Se siguen soltando a los supuestos hechores del delito, ya que no hay una investigan. Creo que la Policía Nacional junto con el Ministerio Público deben de contar procedimientos y protocolos especializados en el tema», concluyó Ferrera.