Redacción. El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, confirmó este martes la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP), al advertir lo que considera un intento de oficializar los resultados presidenciales sin haber concluido el conteo total de actas ni resuelto los recursos legales pendientes.
Ochoa informó, a través de un mensaje en la red social X, que decidió retirarse de la sesión del pleno del CNE para trasladarse al MP y formalizar la denuncia.
Según explicó, la acción busca que se investiguen posibles delitos electorales y hechos conexos, derivados de irregularidades que —afirma— se han presentado en distintas etapas del proceso de votación y escrutinio.
Al salir del Ministerio Público, el consejero fue contundente en sus señalamientos. “Lo que presenciamos hoy fue la ejecución de un golpe de Estado electoral en contra de la voluntad del pueblo hondureño”, declaró.
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Ochoa sostuvo que, pese a que existen más de 10 mil actas con inconsistencias y sin escrutar, se estaría avanzando hacia una declaratoria presidencial basada únicamente en datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
“Las consejeras han decidido dar por válidos los datos del sistema TREP, aun cuando no se ha completado el escrutinio”, afirmó.
Fallas
La denuncia también apunta a fallas sistemáticas en varios sistemas tecnológicos, entre ellos el TREP, el sistema de escrutinio general, la plataforma de divulgación de resultados, el sistema biométrico de identificación y el escrutinio especial.
Ochoa aseguró que las inconsistencias fueron visibles para la ciudadanía. “Son innumerables las irregularidades que todo el pueblo hondureño tuvo a la vista; 16,615 actas estuvieron retenidas durante 40 horas”, denunció.
Además, señaló que 4,951 actas fueron divulgadas inicialmente en cero y luego reprocesadas. Sin embargo, aseguró que no existe certeza de que los resultados coincidan con los enviados el día de la elección.
Finalmente, el consejero solicitó al MP una investigación penal integral, el aseguramiento de la evidencia digital y documental, así como la realización urgente de peritajes técnicos y forenses, para determinar responsabilidades y garantizar el respeto a la voluntad popular.
