Tegucigalpa, Honduras.- Gerardo Torres, vicecanciller de Honduras, compareció ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señalando que buscaban que se le diera espacio “a la verdad”.
Torres comenzó señalando que concurrían ante el Consejo “con la certeza de que la democracia representativa es indispensable para la paz y el desarrollo de la región”.
Asimismo, recordó que hace 16 años la OEA condenó el golpe de Estado de 2009 “organizado por esos mismos partidos políticos y fuerzas fácticas, actualmente oposición, que nos acusan de haber (hecho) o querer hacer lo que hicieron en el pasado, delitos que aún siguen impunes. No nos parece muy democrático que nos quieran hacer un juicio a priori, además señalado contra aquellos que sí cometieron delitos contra la democracia”, indicó.
El diplomático afirmó que en las elecciones de 2013 y 2017 fueron objeto de fraude electoral.
“Hoy, a cinco días de los comicios, cuando estamos en el periodo del silencio electoral y teniendo una misión de la OEA con 101 integrantes en el territorio hondureño, hemos venido a comparecer con la esperanza de que nuestra participación pueda ayudar a darle un espacio a la verdad”, manifestó.
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TREP
Torres señaló que existe preocupación por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), citando los resultados del simulacro nacional. “A días de las elecciones, aún no reúne las garantías para una transmisión oportuna y completa de los resultados”, expresó.
De igual manera, hizo referencia a los 26 audios que expuso el Ministerio Público argumentando un supuesto boicot para las elecciones generales.
“Hemos escuchado que la Comisión Permanente del Congreso Nacional, que se instala porque no ha podido avanzar agenda legislativa por una contradicción interna, podría nombrar al ganador de las elecciones. Eso es falso. No tiene esas facultades”, expresó.
Torres defendió el estado de excepción y afirmó que ya se tuvieron elecciones primarias bajo la medida.
“Les pedimos respeto como Estado para la independencia de poderes. Si el MP ha encontrado un hecho flagrante de conspiración en contra de la democracia, es obligación del MP y del CSJ hacer una investigación. Si hay malas prácticas de estos funcionarios, también es potestad de la CSJ investigar”, concluyó.
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