Tegucigalpa, Honduras.- La solicitud de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) al Consejo Nacional Electoral (CNE) para obtener las actas a nivel presidencial de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) durante las elecciones generales, produjo un rechazo de diversos sectores del país.
Durante una reunión sostenida el pasado 23 de octubre entre los consejeros del CNE y la cúpula militar, el ente armado realizó una serie de solicitudes relacionadas con el traslado y custodia de las maletas electorales para los comicios programados el 30 de noviembre próximo.
Un día después del encuentro, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, confirmó públicamente que una de las peticiones consistía en que las Fuerzas Armadas pudieran acceder a los resultados de las Juntas Receptoras de Votos, particularmente a las actas presidenciales.
“Muy respetuosamente le dije al pleno que participamos nosotros, las Fuerzas Armadas, en la parte que nos compartieran los resultados de las Juntas Receptoras de Votos; solo nos interesa un acta, como reza la Constitución, que es el acta presidencial”, declaró Hernández ante medios de comunicación.
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Injerencia
En una entrevista posterior, el alto mando militar explicó que la solicitud se había hecho “de manera respetuosa” y aseguró que no representaba una injerencia, sino el ejercicio de las facultades que la Constitución les otorga.
“No es una injerencia, sino facultades que le da la Constitución. Fue un diálogo donde dimos a conocer nuestro punto de vista, por lo que no es injerencia, es ser garantes del proceso”, afirmó.
El general detalló que la solicitud sería presentada formalmente por escrito, como una recomendación orientada a fortalecer la transparencia en el desarrollo de los comicios. Sin embargo, recalcó que la decisión final recaería en el pleno del CNE.
“Los consejeros serán los encargados de aprobar o desestimar la propuesta, nosotros respetaremos su decisión”, sostuvo.
Asimismo, Hernández enfatizó que la intención de la institución armada no era intervenir en las competencias del órgano electoral, sino acompañar el proceso dentro del marco de la legalidad vigente.
“La solicitud se realizará formalmente, ya que es una recomendación en aras de garantizar el proceso electoral”, insistió.
En su mensaje final, el jefe castrense subrayó la necesidad de interpretar correctamente las disposiciones constitucionales sobre el rol de las Fuerzas Armadas en los comicios y pidió revisar con detenimiento el artículo 272 de la Constitución, pues, según dijo: “No intentamos ser injerentes, estamos en la disposición de apoyar, nada más”.
Artículo 272
Transcripción del artículo 272 de la Constitución de la República de Honduras:
“Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Cooperarán con la Policía Nacional en la Conservación del orden público. A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, el Presidente de la República, pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Supremo Electoral, desde un (1) mes antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las mismas”.
Es facultad exclusiva del CNE
La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, explicó que durante el encuentro explicó a la cúpula militar cuáles son los límites constitucionales que impiden cualquier tipo de injerencia en el escrutinio o en los resultados electorales.
“Durante la reunión de trabajo sostenida entre el CNE y las FFAA, ilustré sobre aspectos jurídicos constitucionales contrarios a la solicitud verbal del jefe del Estado Mayor Conjunto, de facilitar injerencia en la facultad exclusiva del CNE sobre el escrutinio y los resultados a nivel presidencial”, expresó Hall.
Por su parte, la consejera Cossette López también reaccionó tras la reunión, recordando el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Carta Magna y con el respeto a la voluntad popular.
“En este momento decisivo para Honduras, las Fuerzas Armadas están llamadas a honrar su compromiso con la Constitución: garantizar la paz, la transparencia y el respeto a la voluntad soberana del pueblo, manifestó.
Máscaras
La solicitud del alto mando militar generó reacciones inmediatas en el ámbito político e internacional. La miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su preocupación por la solicitud, a la que calificó como una “señal de alerta” para la democracia hondureña.
“ALERTA HONDURAS: la cúpula militar se ha quitado la máscara y ahora respalda el proyecto socialista de Libre. Eso es traición a la Constitución y un intento de golpe encubierto para imponer una Constituyente chavista/castrista y perpetuar a la izquierda en el poder. Honduras no necesita dictadores ni caudillos. El socialismo es miseria y represión. No se dejen engañar”, escribió Salazar.
Desde el ámbito político nacional, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, también cuestionó la solicitud de las Fuerzas Armadas y afirmó que esta evidenciaba alianzas políticas encubiertas.
“Las caretas se van cayendo a medida que nos acercamos a la derrota inminente del Socialismo del Siglo XXI. Todos sus aliados ‘asolapados’ comienzan a ‘darse color’. Al CNE: no es tiempo de tener dudas ni temores. Honduras se acerca al momento de la verdad, es hoy o nunca. A la comunidad internacional: estar alerta y pendiente de Honduras, Dios con nosotros”, expresó el diputado.
Zapatero a tu zapato
Nasry Asfura, candidato presidencial por el Partido Nacional, se refirió a la solicitud del jerarca militar en un evento de su campaña.
Comenzó remarcando que “habrá elecciones, porque tenemos a una Cossette López y a una Paola Hall defendiendo la democracia, y hay que defenderlas».
El presidenciable continuó dejando un mensaje a Roosevelt Hernández, recordándole que quien rectora las elecciones es el CNE.
«Zapatero a su zapato. El CNE es el jefe de las elecciones y ellos tienen el comando de las elecciones», expuso.
Bajo el mando del CNE
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, recordó que la Constitución es clara respecto a las funciones de cada órgano del Estado.
“La Constitución es clara y cada órgano tiene un rol en el proceso democrático. El deber de las FFAA es garantizar la alternancia en la Presidencia de la República conforme la declaratoria del CNE, respetando su institucionalidad”, señaló.
Solórzano añadió que las Fuerzas Armadas actúan bajo el mando del CNE durante los procesos electorales y no al revés.
“La FFAA contribuyen bajo el mando del CNE en lo que manda la Constitución, nada que ampliar o interpretar a lo que siempre ha estado claro y nunca antes había sido objeto de debate”, puntualizó.
Respeto a la Constitución
El analista Olban Valladares expresó que Roosevelt Hernández no debe salirse de las responsabilidades electorales que estable la Constitución.
«El general Roosevelt, desde hace un tiempo viene cometiendo una serie de imprudencias, por desconocimiento de la ley o estilo personal. Pero en estos momentos que el país se encuentra tan convulso y enfrentado, cualquier acción o palabra que emita debe ser medida», comenzó diciendo.
Agregó: «Roosevelt sabe perfectamente bien que la Constitución le fija a las FF.AA. en materia electoral una cantidad de responsabilidades ya determinada, no se puede salir de ahí. Los principios de ley dicen que un funcionario no puede hacer más allá de lo que la ley le permite».
Análisis de la UNAH
Un análisis elaborado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) también abordó la solicitud de las FF. AA. desde una perspectiva jurídico-constitucional.
El documento recordó que, de acuerdo con el artículo 272 de la Constitución, las Fuerzas Armadas son una institución apolítica, obediente y no deliberante, cuyo rol en los procesos electorales se limita al apoyo logístico y a la seguridad del material electoral, pero sin atribuciones para acceder o procesar resultados.
“El rol militar es instrumental, no decisorio, subordinado al poder civil y circunscrito a tareas de apoyo logístico. En ningún caso se reconoce potestad para acceder, procesar o divulgar resultados electorales”, detalló el análisis.
Asimismo, el estudio citó la Ley Electoral (Decreto 35-2021), que refuerza la autonomía del CNE, otorgándole la competencia exclusiva para organizar, dirigir y declarar los resultados de los procesos electorales.
CNE no tiene subordinación militar
Se explicó que el CNE es un órgano autónomo e independiente, sin subordinación a los otros poderes del Estado, y que todas las autoridades están obligadas a prestarle cooperación para el cumplimiento de sus funciones.
“Se sobreentiende entonces que el CNE no le debe ningún tipo de subordinación a la autoridad militar; al contrario, en época de elecciones es la institución castrense la que se encuentra bajo el sometimiento del Consejo”, cita el informe.
En sus valoraciones jurídicas, los expertos señalaron que la solicitud de acceso a los resultados presidenciales representaba una injerencia funcional en las competencias del CNE. Esto violaría el principio de reserva institucional.
Además, advirtieron que permitir el acceso militar a los resultados “introduciría un elemento político dentro de una institución que por mandato constitucional, debe ser no deliberante”.
El estudio también alertó sobre el riesgo para la confianza ciudadana y la legitimidad electoral. Al considerar que la participación directa de las FFAA en la gestión de resultados podría ser percibida como una forma de tutela sobre la voluntad popular.
Finalmente, el análisis de la UNAH subrayó que el equilibrio democrático hondureño se sustenta en la subordinación del poder militar al civil. “En una democracia constitucional, las Fuerzas Armadas no son un poder del Estado, sino una institución al servicio del orden jurídico. La Constitución consagra un principio de racionalidad que impide cualquier forma de intervención militar en la esfera electoral”, concluyó.
La conclusión del informe destacó que la defensa de la democracia no se ejerce con la fuerza, sino con el respeto a la Constitución. “La democracia se defiende no con fusiles ni con privilegios institucionales. Sino con la obediencia civil de quienes, por mandato, deben protegerla”, sentenció el documento académico.
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