Redacción. La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, afirmó este jueves que su «conciencia está tranquila», al rechazar de manera tajante cualquier implicación en actos ilícitos, en relación con la denuncia presentada por su homólogo Marlon Ochoa.
López explicó que nunca ha mantenido conversaciones, ni presenciales ni telefónicas, con la intención de cometer delitos. «Considero que no soy yo, porque nunca he tenido conversaciones para sostener actos ilícitos y tampoco los he cometido. No soy una persona de ese tipo», subrayó con firmeza en entrevista con medios locales.
También manifestó que no tiene que revisar sus comunicaciones con nadie, dado que «no cometo actos ilícitos ni en público ni en privado».
«No soy perfecta, pero ciertamente soy una persona honrada», expresó la consejera, y reafirmó además su compromiso con la integridad y la transparencia, subrayando que estos valores siempre han sido fundamentales en su formación.
En respuesta a la denuncia, López expresó su preocupación por las implicaciones legales de las acusaciones. «Es preocupante que una persona, siendo autoridad del país, diga que tiene acceso a las llamadas telefónicas privadas de consejeras, cuando no debería tenerlas. Es claramente un delito», afirmó.

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Suspicacia
La consejera también expresó sus dudas sobre la veracidad de las pruebas presentadas por Ochoa. Señaló que, aunque los audios no los entregaron al Ministerio Público horas después de las acusaciones, no fueron mostrados de inmediato, lo que, a su juicio, sugiere que las pruebas podrían estar siendo “fabricadas”.
“No me extraña la actitud del consejero Ochoa, porque es una persona que, a pesar de su formación profesional, parece tener encuentros inoportunos con la ley y el Estado de derecho. Esto ya es parte de lo que él es”, explicó.
Ochoa afirmó que su denuncia está respaldada por pruebas consistentes, incluyendo una memoria USB con 24 audios. Según él, contienen conversaciones en las que se evidencia un complot para desestabilizar el proceso electoral y provocar una crisis poselectoral en el país.
Sin embargo, el consejero no reveló los nombres de los implicados ni detalló cómo obtuvo las pruebas, lo que generó una ola de cuestionamientos por parte de diversos sectores del país acerca de la veracidad de los audios y de la denuncia en general.

