Tegucigalpa, Honduras.- El escenario registrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el intento de intervención por parte del Ministerio Público (MP) y la renuencia del representante del partido Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa, negándose a sesionar, se replica ahora en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Hay que recordar que, en el mes de julio, con la aprobación de los pliegos de condiciones para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el consejero del CNE, Marlon Ochoa, expuso públicamente irregularidades y luego presentó una denuncia por fraude electoral y traición a la patria en contra de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall.
Además, Ochoa y los consejeros suplentes Carlos Enrique Cardona Hernández y Karen Patricia Rodríguez Álvarez se negaron a participar en las sesiones de pleno, lo que generó una parálisis del órgano y la interrupción del proceso electoral general.
Además de eso, el MP realizó el secuestro de documentos del CNE en las instalaciones ubicadas en El Prado, Tegucigalpa.
Un escenario similar se está repitiendo en el TJE por una resolución que ordenó al CNE abstenerse de imprimir las papeletas electorales y de modificar la planilla de diputados en los departamentos de Olancho y Valle mientras no exista una decisión definitiva sobre los recursos de apelación interpuestos por Jorge Cálix y Cristian Adalid Villalobo Fernán.
TJE
El pasado 9 de octubre, tras la sesión de pleno del TJE, el magistrado representante de Libre, Mario Morazán, salió a denunciar una colusión de los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, al sesionar sin el quorum debido y aprobar la resolución.
En ese sentido, el 10 de octubre, Mario Morazán se presentó ante el MP a denunciar a sus colegas por los delitos de prevaricato, usurpación de funciones y tráfico de influencias. Tras ello, este lunes 13 de octubre, el órgano de justicia solicitó al TJE la copia de la convocatoria, así como el audio y video de dicha sesión.
El MP también requirió copias certificadas de los expedientes TJE 0801-2025-00092 y TJE 0801-2025-00093, además del acta levantada por el secretario general del TJE, Marvin Gerardo Matamoros, correspondiente al 9 de octubre, y el informe elaborado sobre esa misma reunión.
Ante esa situación, los magistrados del TJE remitieron al MP un informe detallando lo sucedido durante la sesión de pleno y la resolución de los casos de las planillas.
Informe
El informe remitido al MP detalla que el día de la sesión se convocó de manera legal por el magistrado presidente Mario Flores. Además, detalla que el secretario general verificó el quorum y constató la presencia de los tres magistrados.
“Durante el desarrollo de la sesión, el magistrado Morazán Aguilera manifestó su oposición a continuar la discusión del punto de agenda relativo a las medidas cautelares. Una vez que la Presidencia del Tribunal dispuso someter a votación los puntos correspondientes, el magistrado Aguilera se retiró injustificadamente de la sesión, negándose posteriormente a firmar la resolución adoptada por la mayoría del pleno”, indica.
Seguidamente, el pleno continuó la sesión, procediendo a resolver por mayoría de votos las solicitudes de medidas cautelares.
Línea de investigación
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que la Fiscalía Especial contra Delitos Electorales tiene una línea de investigación y avanza con las diligencias relacionadas al caso del diputado Jorge Cálix, tras la denuncia presentada por el magistrado Mario Morazán.
Sostuvo que la solicitud de información es parte de las diligencias investigativas en contra del órgano electoral.
Al ser consultado sobre una posible citación a los magistrados, el portavoz indicó: “No lo podemos descartar”.
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No presentarse a sesión
El magistrado presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, expuso que ha intentado comunicarse con Mario Morazán para insistirle en que inicien los procedimientos jurisdiccionales que tiene pendiente el pleno, pero no ha tenido una respuesta contundente.
“Creo que Mario Morazán deberá empaparse o instruirse más en cuanto a las acciones legales de calificar un delito. El delito de prevaricato administrativo es únicamente para los funcionarios públicos administrativos. Nosotros tenemos rango constitucional y somos funcionarios jurisdiccionales, no tenemos nada que ver con la calificación del delito que está calificando”, comenzó diciendo.
Agregó: “A raíz de esta denuncia hemos querido hablar con Mario Morazán y lo hemos hecho de una manera respetuosa, instándolo a que iniciemos los procedimientos jurisdiccionales que tenemos en el pleno, pero le está dando largas, tal como ha sucedido en el CNE, donde hubo una inactividad que atrasó el cronograma. Creo que es un comportamiento unificado del partido de gobierno, de atrasar todos los procesos”.
Aunque hasta la publicación de esta nota no se ha convocado a los suplentes, Urrutia avizoró que tendrán la misma postura que Mario Morazán.
Poco acertada
Sobre el tema, la exmagistrada del TJE, Karen Guandique, señaló que es poco acertada la acción del MP en contra de los dos magistrados por la inscripción de Jorge Cálix.
“Es una decisión poco acertada; ya lo hemos visto del presidente del Congreso Nacional (Luis Redondo), quien en otras ocasiones también ha pedido investigaciones de oficio, y eso viola la independencia judicial”, declaró.
Recalcó que se debe dejar a los órganos electorales que hagan su trabajo, decidir de manera independiente, sin injerencias y “una espada sobre su cuello, se entiende como una amenaza”.
“Pensábamos que era un tema superado; el CNE ha echado a andar el proceso, todo va muy avanzado. Fue un mal precedente que sentó un consejero al no presentarse a una sesión, y que los suplentes tampoco lo hicieran, porque nos dimos cuenta de que pueden parar el proceso electoral. Significa que si no estoy de acuerdo con una decisión, entonces no me presento”, finalizó.
Inapropiada
Por su parte, el liberal Samuel García tildó de acción inapropiada la del MP y la calificó como un acto de desesperación.
“Es inapropiada la actuación de la Fiscalía porque el Tribunal Supremo Electoral tiene autonomía e independencia. Ese es un acto de desesperación, un acto en el cual se le está quitando la oportunidad a una persona de participar”, manifestó. Finalmente, aseguró que existe temor en que participe Jorge Cálix.
Aviso
Kilvett Bertrand, dirigente del Partido Nacional, es del criterio de que las acciones del MP contra los órganos electorales son un aviso de lo que podría pasar después de las elecciones.
“Levantan el teléfono y llaman al fiscal y le dicen qué hacer. El problema que tenemos acá, no importa lo que crean, el fondo del tema es que por eso existe un órgano que se llama TJE, que debe tomar determinaciones. Pero cuando no favorece lo que piensa Casa de Gobierno, se toman estas acciones”.
El nacionalista señaló que, aunque considera que la inscripción de Cálix no es correcta, si el órgano electoral lo determina, se debe aceptar. “El MP pone en riesgo la democracia del país”, cerró.
Politización
El expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales, dijo que la política está contaminando la institucionalidad del MP.
“Hay que hacer una autorreflexión de cómo se ha contaminado la institucionalidad por la contaminación política, sea de derecha o de izquierda. Es una justicia selectiva; esperamos que esto cambie”, expresó.
Finalizó apuntando que se espera que existan cambios y se recupere el valor de la institucionalidad. Además, pide que se cambie la forma de elección del MP para que se elijan personas con voluntad de servicio.
