Tegucigalpa, Honduras.– La tensión y el conflicto interno del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) escaló hasta el Ministerio Público (MP) tras una denuncia formal que el magistrado Mario Morazán en contra de sus homólogos Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.
El conflicto se origina en medio de una serie de recursos, denuncias y resoluciones relacionadas con la solicitud para la candidatura a diputación por Olancho de Jorge Cálix y el proceso electoral que se aproxima.
Además de eso, la denuncia formal se dio después de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, exigiera públicamente la intervención del MP, algo que fue tildado de amenaza. El mensaje de Redondo acrecentó la tensión de la problemática entre los magistrados.
Analistas señalaron que con estas acciones se refleja una “injerencia” e “instrumentalización del Ministerio Público.
Te puede interesar: Mario Morazán presenta denuncia ante el MP por irregularidades en el TJE
Recurso
Hay que recordar que el pasado 24 de septiembre, el diputado por Olancho del Partido Liberal, Samuel García, presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su renuncia irrevocable para ceder su puesto a Jorge Cálix, quien había participado en las elecciones primarias en busca de la candidatura presidencial.
Tras la renuncia de García, surgieron diversas opiniones dentro del órgano electoral. Cuando aún no había votado el pleno del CNE, el Partido Liberal interpuso el 6 de octubre un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), buscando la incorporación formal de Cálix y que se otorgara el recurso para buscar medidas cautelares.
Sin embargo, el viernes 10 de octubre, en sesión de pleno, el CNE resolvió por unanimidad la no inscripción de Cálix. No obstante, ahora el pleno del TJE debe resolver el caso del actual diputado por mayoría de votos, es decir, por al menos dos de los tres magistrados.
Origen
Durante la sesión de pleno del TJE celebrada el pasado jueves 9 de octubre, el Tribunal emitió una resolución y ordenó al CNE abstenerse de imprimir las papeletas electorales y de modificar la planilla de diputados en los departamentos de Olancho y Valle mientras no exista una decisión definitiva sobre los recursos de apelación interpuestos por Jorge Cálix y Cristian Adalid Villalobo Fernán.
El comunicado oficial del TJE detalló que se conocieron y resolvieron dos solicitudes de medidas cautelares y que la decisión fue tomada por mayoría de votos. En ese sentido, el magistrado representante de Libre, Mario Morazán salió a denunciar que hubo irregularidades en la aprobación de la resolución, por haber estado incompleto el quorum.
No obstante, el TJE informó que hubo ausencia injustificada del magistrado Mario Morazán, pero, según el propio Tribunal, se retiró antes de la votación.
El documento advirtió que la conducta de Morazán podría interpretarse como una “obstrucción de la justicia electoral”, y rechazó su versión de que la sesión se había celebrado sin quorum.
Denuncia de colusión
Poco después de emitida la resolución, el magistrado Mario Morazán denunció públicamente una supuesta colusión interna dentro del TJE.
Según él, sus colegas Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona convocaron deliberadamente a una sesión a la que él no pudo asistir, para aprobar resoluciones “sin quorum”.
“Hubo una colusión previa entre personal o funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral. Ya sabían que se iban a presentar estas solicitudes antes que se interpusieran”, declaró Morazán.
Afirmó que los expedientes estaban relacionados con las candidaturas de Jorge Cálix y Cristian Villalobo, y que la resolución carecía de validez jurídica.
Lo desmienten
Ante estas acusaciones, los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona respondieron de inmediato.
El TJE difundió el acta de asistencia y la lista oficial de participantes, en la que consta que Morazán sí estuvo presente en la sesión de pleno antes de retirarse sin justificación.
El Tribunal sostuvo que la votación fue legítima y que las decisiones se tomaron conforme al reglamento. Aclaró además que el magistrado ausente fue notificado y que la sesión cumplió con el quorum requerido.
Lee también: TJE ordena al CNE no imprimir ni cambiar papeletas de diputados de Olancho y Valle
Jorge Cálix denuncia amenazas
Tras conocerse la medida cautelar a su favor, Jorge Cálix celebró públicamente la resolución y denunció que los magistrados del TJE habían sido amenazados.
“El Tribunal falló a mi favor, así que olanchanos, nos vemos el 30 de noviembre”, declaró Cálix, agregando que el fallo lo habilita para postularse como candidato a diputado por Olancho.
“No se les ocurra amenazar a magistrados, no se les ocurra utilizar el Ministerio Público para amedrentar a Jorge Cálix. ¿Cuál es el miedo que me tienen?”, cuestionó durante una conferencia de prensa.
Además, Cálix, tras conocer la resolución del CNE, dijo no tomarle importancia porque existe la medida cautelar que imposibilita temporalmente la impresión de la papeleta de Olancho hasta que haya una resolución del TJE.
“En el CNE hicieron las cosas al revés, primero tuvieron que habar remitido una resolución (…) No importa, porque la medida cautelar está por encima. No puede mandarse a imprimir la papeleta de Olancho y no puede hacerse movimiento de diputados en la casilla”, expresó.
Llamados al Ministerio Público
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reaccionó enérgicamente a la resolución del TJE, utilizando sus redes sociales para exigir que el Ministerio Público actúe de oficio ante lo que consideró un acto ilegal dentro del órgano electoral.
“Tal como lo establece la ley, el Ministerio Público debe actuar de oficio y de inmediato ante la flagrancia que se está gestando en el TJE. Es momento de detener al crimen organizado, al narcotráfico y a los grupos de poder económicos y políticos que pretenden regresar al país a un narcoestado y su paraíso fiscal”, expuso.
Más tarde, amplió su mensaje reiterando la obligación del MP de investigar. “Ningún funcionario, sea magistrado, diputado o partido político, puede impedir una investigación del Ministerio Público cuando se denuncian delitos. No es lo mismo realizar un juicio político que investigar un delito. Las prácticas del bipartidismo y del narcoestado deben terminar”, dijo.
Instrumentalización
Sobre el tema, el magistrado Mario Flores Urrutia expresó que está instrumentalizando el MP para intervenir en temas políticos electorales.
“Estamos viendo una instrumentalización de un poder del Estado. Es una amenaza de parte de Luis Redondo. Les hago un llamado a que respeten la institucionalidad y que nos dejen tomar las decisiones conforme a la ley”, expresó.
Agregó que, junto a un cuerpo de abogados, el Tribunal evalúa interponer una denuncia formal y solicitar medidas de protección.
Por su parte, la magistrada Miriam Barahona respondió directamente a Redondo en su cuenta de X y señaló que defenderá la independencia del órgano.
“A mí ni usted ni nadie me va a amedrentar. Defenderé mi independencia judicial y la libertad de decisión como magistrada. La injerencia de poderes en órganos jurisdiccionales no es buena para la inversión extranjera, menos para la nacional”, respondió.
Presiones
Ante la escalada del conflicto, el Tribunal de Justicia Electoral publicó un comunicado reafirmando su independencia judicial y rechazando cualquier forma de coacción o amenaza.
El texto señala que, conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral y el artículo 53 de la Constitución, el TJE es un órgano autónomo que debe emitir sus resoluciones “sin sometimiento a autoridad alguna, incluyendo los poderes del Estado”.
“Las manifestaciones realizadas por el presidente del Congreso Nacional constituyen una injerencia indebida en la función jurisdiccional y un atentado directo contra la independencia judicial”, cita el comunicado.
El Tribunal reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la imparcialidad, y advirtió que cualquier intento de presión política podría constituir un delito por atentar contra la administración de justicia.
Denuncia formal
Tras el conflicto, en horas de la noche de ayer viernes, el magistrado Morazán se presentó ante el MP a denunciar a sus homólogos por al menos tres delitos.
Al salir de la sede del MP, el magistrado explicó que su acción responde a una obligación establecida en la Ley Orgánica y Procesal Electoral, la cual lo faculta a denunciar cualquier hecho ilícito del que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
“La ley me establece de forma expresa la obligación de denunciar todo hecho ilícito penal del cual tenga conocimiento en función de mi cargo, y eso me obliga a estar aquí”, expresó Morazán.
Según detalló, la denuncia fue presentada por los delitos de prevaricato, usurpación de funciones y tráfico de influencias, los cuales, aseguró, se habrían cometido por parte de dos de sus colegas, los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.
“Hubo una colusión original. Antes de que se presentaran las solicitudes de medidas cautelares, ya había personal del TJE que sabía que esto iba a suceder y comenzaron a preparar todo para que se realizara con la mayor agilidad posible. Tanto así que yo recibí la convocatoria para tratar estas solicitudes antes de que las mismas entraran a la Secretaría General”, denunció.
Resoluciones
Morazán, por otra parte, señaló que los otros dos miembros del pleno resolvieron casos sin contar con los antecedentes completos, lo que, a su juicio, constituye el delito de prevaricato judicial.
“Se tomaron resoluciones sin tener a la vista ningún antecedente del caso. En esos dos casos se trata de apenas dos hojas con un escueto contenido, pese a ello se atrevieron a sesionar y emitir una resolución que carece de validez”, apuntó.
Asimismo, Morazán acusó a sus compañeros de usurpar funciones, al sesionar únicamente dos magistrados sin convocar a un suplente, lo cual, según dijo, viola el procedimiento establecido, que exige la participación del pleno integrado por tres magistrados propietarios o, en su defecto, dos propietarios y un suplente.
“A las 10:00 de la mañana firmé la lista porque pedían cinco platos de comida. Había un pleno administrativo y, por decisión de los dos magistrados, se suspendió para pasar a conocer un pleno que tenía como propósito tratar estas medidas cautelares”, agregó.
Finalizó señalando que “lo que espero del MP es que investigue lo sucedido. Aspiro a que los fiscales electorales puedan precisar los hechos e individualizar a las personas que tuvieron responsabilidad”.
